Hace un mes, cuando Mariano
Rajoy se sometía a la votación de investidura como presidente del Gobierno,
no hubiera soñado con que treinta días después su Gabinete podría estar
sustentado por la Gran Coalición por
la que había venido peleando, a lo Rajoy,
desde que el 20 de diciembre del pasado año se disolvieran las Cortes tras la investidura fallida de Pedro Sánchez.
La repetición de las elecciones generales el 26-J dio paso a
un nuevo escenario que ha propiciado una relación de fuerzas distintas en las
que el Partido Popular (PP) necesita
más que nunca del Partido Socialista
(PSOE) y viceversa. Rajoy precisa de
estabilidad, mantenía el domingo desde La
Vanguardia el periodista Enric
Juliana, ya que es su principal patrimonio ante la convulsa Europa y el PSOE necesita tiempo para reconstruirse.
De ahí que ambas formaciones hayan establecido un nuevo
marco de relaciones, que es de mutua dependencia y que tiene su estrategia
fijada de cara a la galería y en aras de fomentar el bipartidismo. Esta
afirmación la demuestran los hechos sucedidos durante la pasada semana, cuando
ambos partidos han llegado a acuerdos sobre el techo de gasto, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
además de sobre la LOMCE y la
llamada ley Mordaza.
Unos pactos que bien mirados no son relevantes, que no
suponen una rectificación de las políticas austericidas
de la derechona y que más bien pueden
considerarse meros balones de oxígeno a un PSOE
descabezado. Cierto es que con el nuevo techo de gasto se obtienen cerca de
4.000 millones de euros para comunidades autónomas y ayuntamientos, una cifra a
todas luces insuficiente, según los expertos, ante las necesidades de los dos niveles de la
administración.
La subida del SMI
también se queda corta y contradice otra propuesta, más progresista, apoyada
por el mismo PSOE hace días. La
medida que afectará a seis millones de trabajadores no les apartará del umbral
de la pobreza. En cuanto a las reválidas y la ley Mordaza, la realidad, que es
tozuda, manifiesta que siguen vigentes, aunque las medidas acordadas se puedan
vender como un guiño hacia el futuro.
Pero donde está el meollo
de la puesta en marcha de la Gran
Coalición es en el acuerdo entre populares y socialistas para proceder a la
reforma de la Constitución de 1978,
un tema tabú hasta la fecha, que ahora podría sumar consensos y abrir el camino
a una reforma que se antoja imprescindible. Una propuesta que tendría como
escenario una subcomisión de la Comisión
Constitucional del Congreso de los
Diputados que se crearía a propuesta del PSOE.
Un camino complicado y plagado de riesgos que verbalizaba la
vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz
de Santamaría cuando decía en el seno de la citada Comisión Constitucional que habría que “caminar con precaución,
poquito a poco” y con “generosidad” para no abrir debates “que no sepamos
cerrar”.
Este proceso además se enfrenta con otros problemas no menos
importantes, como son el oscurantismo en las negociaciones entre PP y PSOE y la clara falta de legitimidad de la Comisión Gestora del PSOE para llevarlas a cabo. Precisamente, el
domingo día 4, la diputada socialista Margarita
Robles hacía unas declaraciones acusando al PSOE de "secretismo" y de marginar al grupo parlamentario.
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| Antonio Hernando y Mariano Rajoy. |
En el grupo parlamentario "no tienen constancia"
de las reuniones que se están produciendo con el Gobierno para llegar a acuerdos como los alcanzados durante los
últimos días. "Nos estamos enterando por la prensa, no sabemos quién está
tomando esas decisiones", dijo Robles,
que añadió que le sorprendía ese secretismo porque al final quien tiene que
votar son los diputados y me sorprende que no se cuente para nada con ellos.
Existe la impresión de que tienen que dedicarse simplemente a aceptar las
decisiones que se toman sin saber quién las toma".
Por otro lado, está la cuestión de la legitimidad de la Gestora y de los portavoces
parlamentarios, o sin ir más lejos, de la presidenta andaluza, Susana Díaz, para negociar nada. Está
claro el artículo 36.O de los Estatutos
del PSOE que señala que “cuando las vacantes de la Comisión Ejecutiva
Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros,
el Comité Federal deberá convocar Congreso
Extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal” lo que supone un mandato imperativo
inexcusable cuya única duda es la del plazo, elemento no contemplado en la
norma pero que no significa que pueda dilatarse por capricho o interés político
de la gestora.
Tampoco sería desdeñable tener en cuenta el resultado del
sondeo de diciembre de Metroscopia
realizado para el periódico El País.
El bloqueo político sentaba bien al PP.
Desde las pasadas elecciones del 26-J, no solo mantenía el liderazgo sino que
mejoraba su posición sondeo tras sondeo. Esa tendencia parece haberse frenado
tras la formación de un nuevo Gobierno y
una vez que ha comenzado a andar la nueva legislatura.
La percepción de que tendrá cierta estabilidad a pesar de un
Gobierno en minoría y un Parlamento fragmentado, ha propiciado
que los cuatro principales partidos estabilicen sus posiciones. El PSOE sigue
tercero, detrás de Podemos, pero ambas fuerzas parecen haber alcanzado su suelo
y techo respectivamente.
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