RAMÓN TRIVIÑO
Durante los últimos años se ha acusado casi siempre a Rusia de estar detrás de intentos desestalizadores de la democracia en el Estado español. Ahora, tras el enfrentamiento de Donald Trump con el Gobierno progresista, a cuenta del porcentaje de participación en los gastos de la OTAN, cabe preguntarse por la posible participación de los servicios secretos norteamericanos en una operación para intentar desestabilizar al ejecutivo de Pedro Sánchez.
La cuestión de la injerencia de la CIA en la política española es un tema complejo, basado en documentos desclasificados, investigaciones históricas y testimonios, principalmente durante el franquismo y la Transición. EE.UU. vio al régimen franquista como un aliado anticomunista durante la Guerra Fría. Los Pactos de Madrid (1953) permitieron la creación de bases militares de EE.UU., en Rota (Cádiz), Morón (Sevilla) y las desaparecidas de Zaragoza y Torrejón (Madrid) a cambio de ayuda económica y militar. La CIA monitoreó a la oposición antifranquista y compartió información con el régimen. Documentos desclasificados confirman operaciones para influir en sindicatos y medios.
La CIA temía que el Partido Comunista de España (PCE) ganara influencia. Según algunos documentos, apoyaron a sectores "moderados" (como la UCD de Adolfo Suárez) para evitar un giro izquierdista. Un informe desclasificado revela que la CIA contactó con políticos españoles para promover una transición controlada, excluyendo al PCE, en el contexto de la que se denominó Operación Triángulo (1976). Algunas teorías, como las de John Quattrocchi, agente en Madrid durante transición, sugieren que la CIA conocía los planes golpistas del 23-F (1981), pero no hay pruebas concluyentes, ya que documentos oficiales niegan participación directa. Algunas otras fuentes sugieren que la embajada de EE.UU. en Madrid tenía contactos estrechos con altos mandos militares, pero sin pruebas de implicación en la planificación del golpe.
Ya en los años 80, bajo la presidencia de Felipe González, distintas investigaciones (como el del caso GAL) revelaron que servicios secretos españoles del SECED, luego CESID, usaron fondos reservados para operaciones ilegales. Algunos analistas especulan con el apoyo tácito de la CIA, pero tampoco sin evidencia sólida. Aunque archivos desclasificados de EE.UU. muestran la existencia de seguimientos a políticos españoles, incluidos Felipe González y Santiago Carrillo.
Está contrastado que la CIA colaboró con los servicios de inteligencia franquistas en la vigilancia de opositores comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes y vascos. La agencia americana favoreció indirectamente a figuras como Adolfo Suárez o Felipe González, considerados más cercanos a intereses occidentales que otros sectores de la oposición. Hay indicios de contactos entre agentes de la CIA y miembros del PSOE durante la reorganización del partido en los años 70. Tampoco hay que olvidar que la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU. participaron activamente en labores diplomáticas y propagandísticas para evitar la salida de España de la OTAN.
Desde
los atentados del 11-M en Madrid (2004), la cooperación
entre la CIA y el CNI se ha intensificado,
especialmente en la lucha contra el yihadismo global, reclutamiento
de radicales en Ceuta, Melilla y en el seguimiento de
retornados a España desde Siria e Irak. Existen
sospechas de que algunas instalaciones militares compartidas, como
Rota y la de Morón, funcionan como centros de escucha
y coordinación para operaciones de vigilancia en el norte de África
y Oriente Medio.
En 2013, las filtraciones de Edward
Snowden revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) de EE.UU., en colaboración con la CIA, espiaba
comunicaciones electrónicas en todo el mundo, incluidas las de
ciudadanos y políticos europeos.
Según Der Spiegel, España fue uno de los países europeos más espiados, con millones de llamadas y metadatos recogidos en poco tiempo. El CNI presentó una protesta en privado, pero el Gobierno español evitó tensiones públicas con EE.UU. que intenta mantener una influencia constante sobre la política exterior española, especialmente en sus relaciones con Venezuela, Cuba y América Latina, sin olvidar los posicionamientos en la OTAN y en conflictos internacionales, como Ucrania o Gaza, en los que España ha tomado iniciativas enfrentadas con los intereses norteamericanos, que no disimulan su preocupación por el control del estrecho de Gibraltar y lo que sucede en el Sahel.
No hay que olvidar que en la última década, se han documentado intentos de espionaje industrial por parte de servicios extranjeros (no solo EE.UU., también Rusia y China) en sectores estratégicos españoles, como el energético, tecnología de defensa y comunicaciones.
Entre los casos más recientes, según documentos de Edward Snowden (2013), la NSA espió comunicaciones de líderes españoles, incluido el presidente Rajoy. También hay que citar la presunta implicación de una empresa de seguridad española, UC Global, en el espionaje a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, supuestamente a petición de la CIA. El caso, juzgado en España, incluye acusaciones de vigilancia a periodistas, abogados y colaboradores de Assange, con informes enviados a EE.UU. Durante el procés catalán, no hay evidencias claras de implicación de la CIA, pero medios estadounidenses y británicos sí vigilaron el impacto del conflicto catalán en la estabilidad europea.
La conclusión oficial es que no hay indicios documentados, por el momento, de una campaña activa de la CIA para desestabilizar al gobierno actual de España. La relación se mueve en la tensión normal entre aliados que pasan por la cooperación en seguridad, espionaje mutuo (controlado) y diferencias diplomáticas puntuales.
