No está ni está ni medio bonito citarse a uno mismo, pero esta vez
lo haré para poner al lector en antecedentes. Hace ahora poco más
de un año escribía que Javier Imbroda, por ahora consejero
de Educación del Gobierno andaluz era el mandarín de
un auténtico imperio de enseñanza privada, el Grupo MEDAC,
con sedes en Málaga, Granada, Almería y
Córdoba y añadía que el probable nuevo consejero sería el
responsable de dar las licencias y permisos para la apertura de este
tipo de centros de enseñanza.
Javier Imbroda. |
También informaba
de que constaba que Javier Imbroda se deshizo de su
participación en el instituto MEDAC, días antes de concurrir
a las elecciones autonómicas del 2-D como cabeza de lista de
Ciudadanos por Málaga. Además, añadía que existía
información sobre la participación de Imbroda en la creación
de un proyecto de universidad privada en la ciudad autónoma de
Melilla, casualmente gobernada entonces por Juan José
Imbroda.
El tiempo ha
terminado por darme la razón y la coalición de centro-derecha, más
los ultramontanos de Vox han comenzado a enseñar la patita
en materia educativa. Hace pocas fechas se aprobaba el decreto con el
que la Consejería de Educación regula los criterios y
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados, que de hecho lo que hace es
postergar a la educación pública en las prioridades de la gestión
de Imbroda.
Lo expicaba muy bien
en la cadena 7TV, mi colega Curro Troya, “el
verdadero debate va a ser cuánto dinero público tiene que ir a
manos de privados y cómo van a justificar que ellos mismos no son
capaces de mejorar la educación pública mientras desvían los
fondos de las arcas públicas para que la que progrese y se
desarrolle sea la privada”.
Más claro, el agua.
Pero Javier Imbroda y su mariachi, no se esconden. El
consejero de Educación firmaba esta misma semana sendas
ordenes, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía por las que autorizaba la apertura y funcionamiento de
dos centros privados de Formación Profesional en Sevilla,
pura casualidad, propiedad de una de las empresas de las que él
mismo fue administrador.
Pero Imbroda
trata de hacerse el loco, o mirar para otro lado, conocedor de que
está incumpliendo la Ley de Incompatibilidades de Andalucía,
que obliga a los altos cargos a “inhibirse del conocimiento de los
asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a
empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o
administración hubiesen tenido alguna parte”. La referida
legislación no especifica ninguna fecha. El departamento de Imbroda
niega la mayor y la presunta incompatibilidad.
Desconozco el grado
de dureza de la cara de Javier Imbroda, pero parece que muchos
están en desacuerdo con sus ‘interesados’ planteamientos. Lo
veremos en la capacidad de convocatoria de la huelga del sector
planteada para el próximo miércoles 4 de marzo en el conjunto de
Andalucía.
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