La censura en tiempos de coronavirus

Son ya decenas de organizaciones internacionales, como es el caso de Reporteros Sin Fronteras, las que afirman que la libertad de expresión es ya víctima del coronavirus, al tiempo que aseguran, que por el contario, en este momento es cuando la información es más necesaria que nunca. También parece existir unanimidad en que con la intención de proteger a los ciudadanos, en algunos países, se están recortando derechos, que luego serán difíciles de restaurar.

Rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

La citada ONG, Reporteros Sin Fronteras acaba de lanzar la aplicación Tracker-19, que consiste en un observatorio online para “evaluar el impacto de la pandemia en el periodismo” y documentar, allí donde se produzca, la “censura estatal y la desinformación deliberada, así como su impacto en el derecho a una información y noticias fiables”.

Por otra parte, ante los ciudadanos que hacen la ola al gigante chino por su gestión de la crisis del COVID-19, Amnistía Internacional denuncia y recuerda que el Gobierno del gigante asiático, con el pretexto de salvaguardad la seguridad del Estado decidió no solo no comunicar el brote de la enfermedad, sino que castigó a quienes hablaban de ella o alertaban de la existencia de la pandemia.

Unas decisiones que no solo violaron el derecho a la libertad de expresión sino que, al ocultar la enfermedad y no tomar las medidas necesarias a tiempo, facilitó el peor de los escenarios posibles poniendo en grave riesgo el derecho a la salud de millones de personas dentro y fuera de China.

Amnistía Internacional también advierte, en referencia al caso de China, que la censura sobre la información se mantiene intimidando y acosando a los activistas que tratan de difundir información, o expulsando del país a periodistas extranjeros, lo que a su vez favorece el crecimiento de noticias falsas, así como el rechazo a las personas de la provincia de Hubei, foco de la epidemia, dentro del propio país. No disponer de una información fiable y completa hace que la población no pueda colaborar eficazmente en una situación de alto riesgo real., asegura la prestigiosa entidad internacional.

En España, la caja de los truenos la ha abierto la publicación de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que entre sus preguntas ha colado la de interrogar a los españoles sobre la posibilidad de aplicar la censura en los medios de comunicación durante la crisis del COVID-19. “¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”.

La Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) ha rechazado de inmediato la alternativa que propone la pregunta, o circulación libre de bulos o control de la información por el gobierno. Ni una cosa ni la otra dice la FAPE, que mantiene que las organizaciones profesionales están en contra de que se impongan límites a la libertad de expresión más allá de los que ya están establecidos por la ley y por el código deontológico de la profesión.

Un argumento, que a su vez, que ha sido recogido por los partidos de la oposición de la derecha para tratar de arrear, una vez más, al Gobierno, acusándolo de pretender limitar la libertad de expresión

El debate está abierto y aconseja a mantenerse atentos a la posibilidad de que se ponga en peligro un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos humanos.

Mientras tanto, los ciudadanos están confinados en sus casas sin poder moverse libremente, los gobiernos declaran estados de emergencia sin debate previo amparándose en la urgencia de la toma de decisiones, y países que antes exigían enormes garantías de privacidad a las plataformas digitales y que ahora se plantean la vigilancia ciudadana mediante la tecnología.