Desde hace meses las monjas clarisas del monasterio burgalés de Santa Clara han hecho correr ríos de tinta por su actitud disidente del Vaticano. Una odisea que parece sacada del guion de una película de serie B en el que se conjugan cuestiones religiosas, políticas, personales y económicas y que culminaron en una ruptura con la Iglesia Católica.
Las monjas excomulgadas.
Las monjas se adhirieron a una doctrina cismática llamada sedevacantismo, según la cual el Papa actual no es un verdadero Papa. Piensan que la ‘Sede de Pedro’ está vacante desde hace décadas, algunos creen que desde el Concilio Vaticano II, y que además la Iglesia oficial está “corrompida” y ha caído en la apostasía. Esta creencia las llevó a romper la comunión con el Vaticano y a rechazar la autoridad del Papa y de los obispos ordinarios, lo cual es causa de excomunión automática según el derecho canónico.
Las religiosas reconocieron como “guía espiritual” al pseudobispo Pablo de Rojas, fundador de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, una secta tradicionalista excomulgada por la Santa Sede, que promueve la restauración de una Iglesia “pura”, negando los concilios recientes y ordenando obispos sin mandato apostólico. Pablo de Rojas fue excomulgado en 2021 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mientras las monjas llegaron a calificar a Rojas como “legítimo sucesor apostólico” y lo acogieron en el convento, permitiéndole celebrar liturgias.
Las clarisas dejaron de asistir a reuniones diocesanas, negaron la entrada a representantes del obispo titular de Burgos, se alejaron de otras comunidades de clarisas y rechazaron la obediencia al visitador canónico. En paralelo, algunas religiosas ancianas del convento rechazaron el cisma y pidieron ser trasladadas a otro monasterio, lo cual agravó el conflicto.
En consecuencia el Vaticano declaró la excomunión de las religiosas implicadas, a la vez que inició un proceso canónico y civil para recuperar el convento. La comunidad quedó formalmente disuelta y sus miembros ya no pueden usar los hábitos ni llamarse religiosas católicas. La exabadesa Sor Isabel (Laura García de Viedma) fue identificada como principal impulsora del cisma junto con Rojas.
El Monasterio de Santa Clara (también llamado de Bretonera por el lugar en el que se encuentra) es un convento incluido en el Camino de Santiago por la UNESCO. En mayo de 2024, diez religiosas, de las 16 que conformaban la congregación, decidieron apartarse de la Iglesia Católica y fueron excomulgadas como ya se ha señalado. En noviembre de 2024 se admitió a trámite una demanda por parte del Arzobispado de Burgos para desahuciar a las exmonjas por ocupación indebida. La vista oral, celebrada el 29 de julio de 2025 en Briviesca, quedó visto para sentencia. Las exreligiosas defendieron ser propietarias legítimas, mientras la Iglesia sostuvo que perdieron su estatus canónico en mayo de 2024.
El 1 de agosto de 2025, una jueza falló a favor del Arzobispado y ordenó el desahucio de las exmonjas, sin establecer plazos, aunque se había señalado el 12 de septiembre de 2025 como fecha límite. El fallo destaca que las ex religiosas no presentaron título legal para habitar el convento, mientras que el Arzobispado acreditó la propiedad con registros oficiales. Las exmonjas anunciaron que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial, lo que podría retrasar potencialmente su ejecución.
Por otro lado, la Policía Nacional informó al Arzobispado de Burgos que estaba investigando a la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, por vender 1,7 kilos en lingotes de oro por un valor aproximado de 130.000 euros. El Arzobispado declaró que tiene en su poder siete facturas de compraventa de oro en julio y agosto de 2020 por un valor que supera los 250.000 euros, 195.686 euros del Monasterio de Belorado y 56.480 euros del Monasterio de Derio, y precisó que estas piezas de oro "fueron adquiridas legalmente y pertenecen a las entidades jurídicas canónicas" de los mencionados monasterios.
Como forma de autofinanciación, algunas monjas abrieron en 2025 un restaurante en Arriondas (Asturias), llamado “Santa María del Chicu”, donde ofrecen menús tradicionales a precios populares (12–18 euros). El restaurante, que ha copado los contenidos de los medios de comunicación, está situado en el hotel Ribera del Chicu, que las monjas alquilaron por 1.600 euros mensuales. Las exclarisas han dedicado una parte del edificio a su residencia y en la otra han ubicado el restaurante, en cuya cocina están las hermanas de clausura, mientras que el comedor es atendido por seglares.
Una comitiva judicial, acompañada por agentes de la Guardia Civil, representantes del Arzobispado de Burgos y varias monjas clarisas, intentaron el día 1 de agosto, sin éxito, acceder al convento de Orduña (Bizkaia) para trasladar a otro lugar a las religiosas mayores que vivían hasta ahora en el monasterio de Belorado y que no fueron excomulgadas en mayo de 2024. Las religiosas permanecen en las instalaciones de Orduña después de haber sido llevadas allí la noche anterior por las denominadas “monjas cismáticas”. El objetivo de la intervención era rescatar a las clarisas de edad avanzada, consideradas al margen del cisma y sobre las que pesa una orden judicial de traslado impulsada por el Arzobispado y secundada por el juez. La operación no pudo completarse debido a la negativa frontal de las cismáticas, quienes se negaron a entregar las llaves y calificaron la actuación como un “secuestro y abuso de autoridad”.
El punto final de estas andanzas no parece cercano, ya que es más que evidente que el patrimonio y el dinero están en el fondo de la polémica, adobada de una parte, por una interpretación ultraconservadora, apocalíptica y cismática del catolicismo y de otra, supuestamente, lo contrario. En definitiva, todo por la pasta.
