Desde hace ya un puñado de años se mantiene a nivel global
un interesante debate sobre la necesidad, o no, de la implantación de la renta básica. La que hasta ahora era
defendida como una solución para los ciudadanos sin recursos, la renta mínima temporal (RMT), habla de un ingreso o subsidio
para las personas que ya no tienen ingresos o cuyos ingresos están por debajo
de cierto límite. Es decir, es una ayuda condicionada a ciertos requisitos que
no cobra todo el mundo, sino solo las personas que se encuentran en una
situación concreta.
La que se sitúa desde hace menos tiempo como una opción más
interesante es la renta básica universal
(RBU). Una propuesta que está sobre la mesa de muchos economistas,
prestigiosos centros de estudio, entre ellos los poco sospechosos de estar en
posiciones radicales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), o el famoso Foro de Davos, así como numerosos
políticos progresistas.
A la renta básica
universal tendrían derecho todos los miembros de una comunidad con
independencia de sus condiciones económicas o vitales. Y su acceso estaría
garantizado para todos los ciudadanos de un país determinado, por el hecho de
vivir en él y para toda la vida. Los defensores de esta opción mantienen que para el Estado supondría un gran ahorro en otro tipo de prestaciones
sociales.
Justin Trudeau impulsa en Canadá un experimento con la RBU. |
Desde hace un año, en Finlandia
se desarrolla un proyecto piloto, que tendrá una limitación de 24 meses, por lo
que aún no disponen de resultados definitivos, mediante el que se distribuye una
renta de 560 euros a 2.000 ciudadanos, que recibirán incluso aunque encuentren
un trabajo.
En Canadá, desde
el pasado verano, su Gobierno inició otro ensayo en algunas ciudades de la
provincia de Ontario, que le cuesta
a las arcas públicas 150 millones de dólares y que pretende ayudar, durante tres años, a
4.000 personas con niveles muy bajos de ingresos.
Los participantes en el citado programa experimental, son
elegidos al azar entre aquellos con ingresos muy bajos o en paro y con edad de
entre 18 y 64 años. Estas personas estarían recibiendo hasta 17.000 dólares
canadienses al año (unos 11.150 euros), que son unos 1.400 dólares al mes
brutos (927 euros brutos), y 24.000 dólares al año las parejas (unos 15.700
euros) con estos mismos requisitos. Una cantidad que cubriría el alquiler y los
productos alimenticios y de higiene básicos, necesarios para vivir.
POSTURAS POLÍTICAS
En España, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha negado a la posible introducción de una renta básica de 426 euros mensuales para las familias sin recursos. Las razones alegadas fueron que el coste de la medida alcanzaría los 15.000 millones de euros, lo que supondría la quiebra de la hacienda pública y del estado del bienestar, además, según Rajoy, sería una medida anticonstitucional, que precisaría de una reforma de la Carta Magna.
Desde las filas del Partido
Socialista (PSOE) se defiende una
renta básica universal con una
fórmula que parece más cerca a la viabilidad presupuestaria española y que ofrecería un camino de transitoriedad
hasta su universalización. Pedro Sánchez se ha mostrado partidario
de propuestas que sean viables y sostenibles en el tiempo.
Esta RBU se
situaría en 430,27 euros al mes, que percibirían los ciudadanos residentes en España de entre 18 y 65 años que
llevaran al menos doce meses en situación de desempleo y cuyos ingresos
mensuales se situaran por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional.
A partir de ahí, los
socialistas plantean un complemento que varía entre los 50 y los 150 euros por
familiar a cargo en función de los ingresos reales del núcleo familiar, siendo
más elevado para familias con ingresos inferiores a 7.100 euros y más modesto
para las familias que se encuentran dentro del umbral de pobreza moderada, de
manera, que una familia de cuatro miembros podría llegar a percibir una renta básica de 880 euros al mes.
El PSOE considera
que la RBU debe situarse en el
ámbito de prestaciones de la Seguridad
Social y compatible con las ayudas autonómicas siempre que su acción no
sirva para que los ciudadanos salgan de la pobreza. Y admite su compatibilidad
durante seis meses con un empleo, siempre que éste se vincule a un itinerario
de inserción planteado desde los servicios públicos de empleo.
En el caso de Podemos,
la renta básica universal, figuraba
como propuesta estrella en su programa electoral. La formación de Pablo Iglesias plantea una renta, que
denominó como renta garantizada, de
622,77 euros al mes, equivalente al 88% del salario mínimo, cantidad que se
convertiría en complemento salarial para todos aquellos que perciban un salario
por debajo de los 957 euros mensuales.
El citado complemento operaría como una aportación
decreciente de entre 558 y un euro en función del salario percibido y, que se convertiría,
con el tiempo, en un derecho individual de cada ciudadano por el mero hecho de
serlo. Y al que no sólo tendrían acceso los mayores de edad, sino que incluso
se podría percibir desde los 16 años en caso de estar emancipado del domicilio
familiar.
Los defensores de la RBU creen que paliaría los actuales problemas sociales. |
Lo cierto, como ya se ha dicho, es que el debate, planteado
a nivel global tiene sus defensores y sus detractores. Los primeros, mantienen
que este sueldo sin condiciones es el paliativo ideal a la pérdida de empleos
derivada de la robotización, que reducirá los desequilibrios de género y la
violencia doméstica por motivar la independencia de las mujeres y que hará a
los ciudadanos más libres, y menos pobres. Los segundos, en cambio, consideran
que cobrar sin trabajar desincentivará el empleo y que ofrecer un suelo para
toda la vida a cada ciudadano es un gasto inasumible para el Estado.
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