Legislar de tapadillo

 

RAMÓN TRIVIÑO

Ley ómnibus es el término utilizado para describir un proyecto de ley que reúne una amplia gama de medidas o disposiciones, a menudo no relacionadas entre sí, en un sólo documento legislativo. Este tipo de legislación ha sido objeto de controversia en muchos países porque plantea serios problemas de transparencia, deliberación democrática y buena gobernanza.

Félix Bolaños.

Los gobiernos o partidos políticos a menudo utilizan proyectos de ley ómnibus para "esconder" medidas impopulares o controvertidas entre disposiciones más aceptables. Esto dificulta que estas medidas sean detectadas y debatidas públicamente.

Muchos expertos en derecho constitucional y gobernanza abogan por la limitación o prohibición de las leyes ómnibus. Sugieren que cada disposición legislativa sea debatida y votada de manera individual o en paquetes temáticos claramente relacionados, para fomentar la transparencia, el debate democrático y la rendición de cuentas.

En España, como acabamos de sufrir en nuestras carnes, la práctica de las leyes ómnibus ha generado controversia y debate político, especialmente en el contexto de reformas legislativas significativas. Estas leyes suelen ser utilizadas por el gobierno para introducir cambios en múltiples áreas legislativas bajo un único proyecto de ley, lo que ha suscitado críticas por las implicaciones que tiene para la transparencia y el debate democrático.

La que muchos consideran una práctica legislativa inaceptable, diversos gobiernos, de distintos colores, han echado mano de ella. Por ejemplo, la ley ómnibus de 2009 patrocinada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero; la ley ómnibus de medidas urgentes contra la crisis defendida por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012; ley de Seguridad Nacional de 2021 con el gobierno de Pedro Sánchez, que no era estrictamente una ley ómnibus, aunque algunos sectores la criticaron por incluir medidas que afectaban a múltiples áreas de la administración pública bajo el pretexto de reforzar la seguridad nacional.

En muchos casos, la urgencia con la que se tramitan estas leyes dificulta que los partidos de oposición y la sociedad civil analicen y respondan adecuadamente a sus contenidos. En ocasiones, los gobiernos recurren al decreto-ley para introducir leyes ómnibus, justificándose en la "urgencia" de las medidas. Esto ha sido señalado como una forma de eludir el control legislativo.

Aunque el Tribunal Constitucional ha validado algunas leyes ómnibus, en otras ha señalado que pueden vulnerar el principio de unidad de materia, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española, que exige que los proyectos de ley estén relacionados temáticamente.

En definitiva, la práctica de las leyes ómnibus es percibida como un abuso legislativo que dificulta la transparencia y la deliberación democrática. Por lo que habría que, limitar la posibilidad de incluir temas no relacionados en un único proyecto de ley. Ir a un mayor control parlamentario, asegurando que estas leyes sean objeto de debates más extensos y detallados, además de fortalecer el papel del Tribunal Constitucional para garantizar que estas leyes respeten el principio de unidad de materia.