El golpe de las togas

 

RAMÓN TRIVIÑO

La gran mayoría de los pensantes del Estado español no creemos en la posibilidad de que se produzca un Golpe de Estado militar en la actualidad, entre otras cosas porque tras el 23-F los diferentes gobiernos fueron, poco a poco, retirando del mando a destacados militares de ideología franquista, que fueron recompensados con una excelente jubilación. Hoy las Fuerzas Armadas poco tienen que ver con las que heredamos del franquismo y están volcadas en otros menesteres.

Apertura del Curso Judicial.

Por el contrario, los sucesivos Ejecutivos de la democracia, incluido el actual, no han sido capaces de llevar a cabo la limpieza, tan necesaria, en el estamento judicial. El Gobierno que encabeza Pedro Sánchez perdió su oportunidad de borrar de un plumazo a los jueces y magistrados que a diario hacen gala de su talante ultra conservador. No hubiera sido difícil acometer la limpieza ante el mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un cambio drástico en la ley que regula la citada institución. La jugada de pactar con el Partido Popular (PP) le salió por peteneras al Gobierno y de nuevo nos encontramos en la casilla de salida, un órgano de gobierno de la judicatura trufado de elementos ultra conservadores, incluida su presidenta, la magistrada María Isabel Perelló, que con su actuación ha ido desvelando que no era la idónea para el cargo, ni para pilotar el futuro de una institución que parece empeñada en tirarse al monte para hacer política y participar en lo que ya se conoce como el golpe de las togas.

No es ningún secreto, incluso lo reveló una encesta del CIS del año 2024, que indicaba que el 81,4 por ciento de los ciudadanos consideraba necesaria una reforma en la situación de la justicia en España y expresaba su preocupación por la influencia del PP en el ámbito judicial. Es palpable que en en los últimos años se han producido tensiones significativas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, lo que ha llevado a debates sobre la posible politización de la justicia y su papel en la política nacional. Algunos analistas y figuras públicas han utilizado términos como "golpe de Estado judicial" para describir acciones percibidas como intentos del Poder Judicial de influir o desestabilizar al Gobierno. Por ejemplo, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, afirmó en diciembre de 2024 que se estaba viviendo un "golpe de Estado judicial permanente", sugiriendo que ciertas acciones judiciales tenían como objetivo desestabilizar al Ejecutivo .​

Mientras que desde al PP acusaban al Gobierno de intentar deslegitimar al Poder Judicial, olvidando la frase pronunciada por el expresidente popular José María Aznar que expresó, el 23 de noviembre de 2023, durante un acto junto a Núñez Feijóo, "El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva”. Un alegato que numerosos analistas interpretamos como un mandato a la órbita conservadora para emprender acciones de acoso y derribo contra el Ejecutivo.

Tampoco hay que olvidar que Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado en 2018, en un mensaje de WhatsApp dirigido a los senadores de su partido, que fue filtrado a los medios, se refirió a uno de los tres intentos de acuerdo para la renovación del CGPJ, destacando que, aunque el Partido Socialista (PSOE) obtendría la presidencia del Consejo, el PP mantendría influencia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo "desde detrás". Un acuerdo que quedó en pape mojado tras la polémica y que frustró las aspiraciones del polémico Manuel Marchena.

Para terminar hay que resaltar que a la vista de lo que viene sucediendo, lo que el PP y Vox no logran en las urnas buscan desesperadamente impulsar en los juzgados. Creo que existe una confabulación de jueces, pseudo medios de comunicación y entidades derechistas o ultraderechistas para subvertir la democracia en favor de posiciones reaccionarias que tienen una visión patrimonialista del poder. Nos guste o no, se está produciendo lo que conocemos como golpe de Estado blando, una fórmula moderna de alterar el mandato democrático donde ya no es necesario militares o irrumpir por la fuerza en un Parlamento. La solución, poner en marcha medidas eficaces que no sean timoratas.