Mano negra

 

RAMÓN TRIVIÑO

La política del Estado se ve vapuleada desde hace demasiado tiempo por una mano negra que mece la cuna tras la que se oculta, entre otros, la organización ultraderechista Manos Limpias. Fundada en 1995 por Miguel Bernad y, que a pesar de proclamarse como un sindicato formado por funcionarios públicos, sus acciones siempre están relacionadas con querellas presentadas contra jueces, políticos, logros sociales, acciones sindicales o protestas.

El ultraderechista Miguel Bernad.

El pseudosindicato se ha personado en procesos muy mediáticos como el juicio del 11M, el caso Nóos o el caso de los ERE de Andalucía. También se ha querellado contra jueces como Baltasar Garzón, al que acusó de prevaricar por investigar los crímenes del franquismo, aunque en los últimos tiempos sus acciones se han centrado en el «caso Begoña Gómez» en el que acusaba, en principio, a la esposa de Pedro Sánchez, de utilizar su posición para favorecer a empresarios en licitaciones públicas, con una querella apoyada tan sólo en recortes de prensa de medios ultras.

​Además del caso de Begoña Gómez, Manos Limpias ha estado involucrado recientemente en otras acciones legales como el relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que fue citado a declarar como imputado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La denuncia de Manos Limpias se centraba en su contratación en 2017 como director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Aunque investigaciones de la Guardia Civil y certificaciones bancarias desmintieron algunas acusaciones, la jueza Beatriz Biedma decidió continuar con la instrucción del caso.

Por otro lado, el PSOE acusó al Partido Popular de financiar al abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Soriano fue nombrado personal eventual del Senado en 2024, asociado a la senadora popular Eva Ortiz. El PSOE criticó al PP por su "conexión" con Manos Limpias, una "organización ultra", y cuestionó el uso de sueldos públicos para pagar a individuos designados por el partido .

Sobre todo hay que destacar que Manos Limpias ha interpuesto múltiples querellas contra Podemos, centradas principalmente en supuestas irregularidades en la financiación del partido. Estas denuncias han sido archivadas por la justicia en varias ocasiones al no encontrarse indicios suficientes para proceder judicialmente. A pesar de ello, el sindicato ha continuado presentando acciones legales contra la formación política.

Pero la actuación de Manos Limpias no supone ninguna novedad, a pesar de que el mismo sindicato defiende abiertamente la dictadura franquista, en 2005 amenazó al por entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por referirse a ellos como una "organización ultraderechista" en unas declaraciones de las que luego se tuvo que retractar.

Su fundador, Miguel Bernad, es un funcionario jubilado de 82 años y está íntimamente relacionado con la ultraderecha y el franquismo. Bernad se presentó en las listas de Frente Nacional de la mano de Blas Piñar a las elecciones del Parlamento Europeo del 87 y del 89, además de ser su secretario general hasta 1993, cuando se disolvió ante su falta de éxito político. Antes de fundar en el 95 el autodenominado sindicato, Bernad probó con la creación de Derecha Española, un partido político con el que concurrió sin logros a las elecciones municipales de ese mismo año.

Sobre la financiación de la organización hay que decir que es opaca. En 2015, la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid inició una investigación contra Bernad y la abogada del sindicato, Virginia López Negrete, por presuntos delitos de apropiación indebida y lavado de dinero. Se les acusaba de haberse apropiado de fondos recaudados por el sindicato de afectados por las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa. ​Manos Limpias fue investigada por su presunta colaboración con Ausbanc, organización dirigida por Luis Pineda, en una trama de extorsión. Ambas organizaciones habrían presentado querellas contra empresas e instituciones para luego exigir sumas de dinero a cambio de retirar las denuncias. Esta práctica fue objeto de una investigación por parte de la Audiencia Nacional. En julio de 2021, la Audiencia Nacional condenó a Miguel Bernad a cuatro años de prisión por extorsiones a empresas y entidades bancarias. Sin embargo, el 11 de marzo de 2024, el Tribunal Supremo absolvió a Bernad y al resto de acusados en la denominada "Operación Nelson", aunque reconoció que hubo presiones éticamente censurables por parte de estos. Manos Limpias siempre ha declarado financiarse principalmente a través de las cuotas de sus miembros.

Parar o limitar la actuación de Manos Limpias no es sencillo, ya que se ampara en derechos constitucionales como la libertad de asociación y el acceso a la justicia. Hoy se ha plantea un debate político sobre la necesidad de reformar la figura de la acusación popular, para evitar que se utilice como herramienta de acoso o chantaje. Algunos partidos han propuesto que sólo puedan ejercerla personas directamente perjudicadas o organizaciones con interés legítimo claro.

Lo que parece evidente es que se necesita una gran voluntad política para cortar de raíz el "lawfare" (uso de la justicia con fines políticos), que a pesar de que, como consecuencia, el sindicato haya reducido su credibilidad.