Ha pasado casi un año desde que los nombres de Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, desaparecieron de las informaciones de los medios de comunicación, después de que fueran detenidos el 14 de septiembre de 2024 en la localidad de Puerto Ayacucho (Venezuela), acusados por el Gobierno venezolano de estar involucrados en un plan de “actos terroristas” contra el presidente Nicolás Maduro y de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI).
José María Basoa y Andrés Martínez.
Tanto Maduro, como Diosdado Cabello, ministro del Interior, los acusaron sin presentar pruebas de intentar “poner bombas” o asesinar al presidente venezolano. Entonces, Maduro afirmó, sin mostrar evidencias, que los dos detenidos “son agentes encubiertos” y rechazó las versiones ofrecidas por las familias, que una semana antes habían denunciado su desaparición y que, al enterarse de que habían sido apresados, aseguraron que entraron a Venezuela como turistas.
La liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela por supuestos delitos de conspiración y terrorismo permitió a la CIA saber que los ciudadanos vascos se encontraban en buen estado y en régimen de semi aislamiento, compartiendo su tiempo con otros presos en la cárcel del Rodeo en las inmediaciones de Caracas.
En octubre de 2024, José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, informó de que el gobierno de Nicolás Maduro finalmente autorizó que España pudiera prestar atención consular. Desde ese momento, el Gobierno español ha realizado gestiones diarias al más alto nivel para lograr su liberación. Hasta mediados de junio de 2025 se habían enviado 19 notas verbales y 12 documentos oficiales, incluidas las realizadas ante Naciones Unidas, denunciando la detención arbitraria. El embajador en Venezuela, Álvaro Albacete, supervisa personalmente las gestiones consulares, incluyendo contactos directos con sus familias y visitas en prisión.
Se espera que que el ejecutivo español presente ante el Congreso de los Diputados un informe detallado sobre la defensa consular prestada, y se mantengan nuevas acciones y sanciones coordinadas por la Unión Europea (UE), especialmente si no hay avances visibles en la libertad judicial o en las pruebas de cargo contra los detenidos.
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