Andalucía ha sido la comunidad autónoma más castigada por la aplicación de la ley mordaza
A pesar de que la Sección
Española de Reporteros Sin Fronteras (RSF)
crea que en España se detectan
algunos indicios positivos en lo que se refiere
a la libertad de información y expresión con la llegada al frente del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, lo cierto es que la
promesa de la derogación de la llamada ley
mordaza, al menos en parte, sigue sin encontrar el momento adecuado, o el
marco jurídico preciso.
La Ley de Protección
de la Seguridad Ciudadana, ley
mordaza sigue en vigor, a pesar de que el Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2016 y enero de
2017 dos propuestas de reforma de esta legislación cuya tramitación se
encuentran prácticamente paralizadas y parecen dormir en el limbo de los justos. También hay
pendiente de resolución un recurso ante el Tribunal
Constitucional que presentó el conjunto de la oposición al PP.
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| La ley mordaza se aplica con arbitrariedad. |
La ley mordaza,
que entró en vigor en julio de 2015, incluye en su articulado hasta 44
conductas punibles, divididas entre muy graves, graves o leves, que pueden ser
sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros.
Según los datos oficiales facilitados por el propio Ministerio del Interior, desde la
entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2016 se habrían impuesto
un total de 285.819 sanciones en aplicación de la ley mordaza, por un importe de más de 131 millones de euros, sin
contar las sanciones interpuestas por los Mossos
d'Esquadra ni por la Ertzaintza,
que no están contabilizadas en los datos de Interior.
Pero lo más llamativo es que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más castigada por la aplicación
de la ley mordaza. Casi una de cada
tres sanciones impuestas en España por
la aplicación de esta legislación represiva fue a parar a manos de los
andaluces.
En el citado periodo de tiempo los andaluces sufrieron
86.442 sanciones y más de 42 millones de euros en multas, lo que supone una
media de 160 denuncias al día, con un importe medio de más de 485 euros por multa.
Aunque aún no existen datos oficiales del año 2017, durante
los 12 meses del año anterior el número de sanciones en Andalucía se incrementó de forma disparatada, se estima que
llegaron a las 76.000 las multas con una recaudación de cerca de 44 millones de
euros.
Respecto a los datos oficiales comprendidos entre julio de 2015 y diciembre de 2016, la
provincia de Málaga encabeza el
ranking de multas, con 22.029 y con una recaudación de más de 7,5 millones de
euros, aunque Sevilla, con 15.628
sanciones, ofrece una recaudación por las multas contra la ley mordaza de más de 8.748 millones de euros.
Granada ocupa la
tercera plaza con 12.266 multas y más de 4.307 millones de euros en
recaudación; Almería se sitúa en
cuarta posición con 11.051 multas y una recaudación de más de 5,5 millones de
euros. La quinta plaza es para la provincia de Córdoba, con 5.953 multas y más de 2,337 millones de euros
recaudados.
Cádiz es la sexta
provincia en número de multas en aplicación de la ley mordaza, con un montante superior a los 3,100 millones de
euros, seguida de Jaén, con 4.805
multas y un importe de más de 2,505 millones de euros. Por último, los
ciudadanos de Huelva fueron multados
en 3.271 ocasiones por valor de más de
2,555 millones de euros.
Estas escalofriantes cifras, preocupan más por su presunta
arbitrariedad, ya que su imposición depende en muchas ocasiones de los agentes
de la Policía y de la Guardia Civil y casi siempre de una
autoridad administrativa, aunque exista el recurso a la vía judicial, con los
costos y problemas que ello supone.
Las cifras aquí expuestas hablan bien a las claras de la
urgente derogación de la ley mordaza,
que en mi opinión, no es de recibo en un Estado
que aspira a ser una democracia con mayúsculas.
