domingo, 9 de septiembre de 2018

Cien días del Gobierno de Pedro Sánchez: luces y sombras


Se cumplen ahora los primeros 100 días desde que el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, tomó posesión el día 7 de junio, en un acto en La Zarzuela que en sí mismo, estuvo plagado de novedades, guiños y cambios en el ceremonial.

Los ciudadanos parecían conscientes de que empezaba una nueva época en España, como luego confirmaron las encuestas y parecieron apostar por ella. Tampoco hay que ignorar que otros muchos asistieron al evento con indiferencia, apatía y bastantes dosis de incredulidad. La oposición, aglutinada entonces en torno a la derecha, no consideró oportuno conceder al nuevo Ejecutivo, los habituales cien días de gracia, y desde el minuto uno empezaron su labor fiscalizadora, por cierto, con bastante desorden, debido en parte a la profunda crisis que en aquellos días envolvían al Partido Popular y Ciudadanos.

El nuevo Gobierno iniciaba su andadura con un gesto que recibió el aplauso de medio mundo al mostrar desde primera hora su apuesta por el feminismo. La composición del nuevo Gabinete iba más allá de la paridad al nombrar once ministras y seis ministros. Se empezaba a hablar del Consejo de Ministras y Ministros.

Rueda de Prensa de Pedro Sánchez. Foto: Fernando Calvo/La Moncloa.
Pero a los pocos días, el equipo de Pedro Sánchez se enfrentaba a la primera patata caliente de su mandato, la gestión de la cuestión migratoria, que se resolvía con un giro de 180 grados, en relación con la desarrollada por el Partido Popular. El 17 de junio atracaba en el puerto de Valencia la flotilla encabezada por el buque Aquarius, de la ONG SOS Méditerranée, con 630 refugiados a bordo. Un hecho que protagonizó la actualidad internacional y que recibió el reconocimiento de las principales cancillerías europeas.

Pero lo que parecía un cambio de rumbo en política migratoria se fue empañando días después al conocerse el cambio de postura sobre la cuestión de las devoluciones en caliente en la frontera. Desde la oposición, Pedro Sánchez se posicionó en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluía la regularización del "rechazo en frontera". El PSOE, había presentado entonces un recurso de inconstitucionalidad contra su legalidad, pendiente de resolución todavía en el Tribunal Constitucional.

El nuevo Gobierno tuvo que decidir cuál era su posición sobre las devoluciones en caliente ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, tras el recurso presentado por el Partido Popular a la sentencia que condenaba a España por dos expulsiones  inmediatas realizadas por la Guardia Civil en 2013. El Ejecutivo optó por defenderlas. De hecho, el 26 de julio, tras producirse el primer salto coordinado a la valla de Ceuta tras la moción de censura, con la entrada de 602 personas a la ciudad autónoma, 27 migrantes fueron expulsados de forma inmediata.

Las reticencias a acoger el Aquarius por segunda vez, la defensa de las devoluciones en caliente y las dudas sobre la retirada de las concertinas provocaron el desagrado del principal socio del Gobierno, Podemos, incluidos IU y Equo.

En el capítulo de luces que ha aportado el nuevo Gabinete socialista, se encuentra sin duda el desbloqueo de la grave situación en la que se encontraba el ente público RTVE, que a pesar del espectáculo parlamentario propiciado por la situación de minoría en la que se encuentra el PSOE en la cámara baja, consiguió sacar adelante el nombramiento de Rosa María Mateo, como administradora única provisional, así como poner en marcha los mecanismos necesarios para lograr, en breve plazo, la independencia de la citada empresa pública.

También se empezaban a poner sobre la mesa las primeras piezas para hacer realidad la promesa de la subida del salario mínimo interprofesional, que en palabras del presidente evitará que el reparto de la renta entre los trabajadores y los beneficios empresariales no esté absolutamente desequilibrado. “Creo que hay que recuperar ese equilibrio”, dijo Sánchez al anunciar un incremento del 36 por ciento en dos años, es decir, un aumento de 264 euros, que colocará al salario mínimo en los 1.000 euros mensuales en 2020.

Destacar también las medidas adoptadas para hacer aflorar la discriminación de género en el empleo o los llamados falsos autónomos, así como devolver las cotizaciones a los trabajadores con dependientes a su cargo. Un logro también fue la aprobación del Real Decreto por el que se aumentó, en 8 puntos, el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad.

Sin embargo, la derogación de la Reforma Laboral impuesta por la mayoría del PP, sigue en el alero. A este respecto, tanto los dirigentes de Comisiones Obreras, como de la UGT, han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de “derribar sus aspectos principales ya que se está "en tasas de precariedad, temporalidad y parcialidad altísimas", en palabras de Unai Sordo, mientas que Pepe Álvarez advertía de que su “organización sindical no renuncia a su objetivo de lograr la derogación de las reformas laborales, pese a la aritmética parlamentaria actual”, y pidió al Gobierno que "aborde los problemas y ponga soluciones  y evite entrar en una dinámica de tanteo ante el complejo arco parlamentario”.

Aquí viene a cuento destacar, las medidas emprendidas, para el cumplimiento de la llamada Agenda 2030, ya abordadas en estas mismas páginas, en la que Naciones Unidas impone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que todos los países deben cumplir para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas y que el Gobierno de Pedro Sánchez parece empeñado en alcanzar. Al menos así lo ha manifestado en los foros internacionales. En este mismo sentido, también es reseñable la vuelta activa de España al escenario de la política internacional. Un ejemplo claro es la reciente gira del presidente Sánchez por cinco países latinoamericanos.

Hay otros hitos destacables en estos cien primeros días de gestión, como la devolución a los ciudadanos, el pasado 13 de agosto,  de la universalización de la Sanidad, o la propuesta para la regulación de la eutanasia. Desde el PSOE destacaban que la vuelta a la Sanidad Universal para todos los ciudadanos, medida revalidada por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 6 de septiembre, no se trataba de un gasto, sino de una inversión, porque así tendremos un país más sano. Pero sobre todo, según los socialistas, se ha devuelto por humanidad, la misma humanidad que le faltó al PP cuando la eliminó en 2012.

También el acceso a la vivienda, mediante la búsqueda de un mercado equilibrado, se ha convertido en una de las prioridades del Ministerio de Fomento, que estudia fórmulas para sacar al mercado de alquiler pisos vacíos. Primero se plantea hacer pedagogía con los propietarios de inmuebles desocupados, antes de dar paso a las penalizaciones.

En el capítulo de sombras hay que apuntar lo que parece un relajamiento a la hora de tomar medidas sobre los nuevos impuestos anunciados para revertir las políticas de recortes en derechos sociales que llevó a cabo el Partido Popular, el impuesto a la banca y el aumento del IRPF para los ingresos superiores a los 60.000 euros anuales, así como otras medidas  impositivas para las grandes empresas.

No hay que dejar de referirse al estado de la llamada cuestión catalana. El Gabinete de Sánchez ha dado pasos claros hacia un intento de destensar el clima político en Cataluña para buscar una solución política al conflicto. Sin embargo, tanto Partido Popular, como Ciudadanos, parecen empeñados en hacer estallar la situación, con claros intereses electoralistas.

En definitiva, la que los socialistas denominan la Agenda del Cambio está en marcha, pero quedan por delante cuestiones muy importantes que abordar. Entre ellas, derogar la ley Mordaza, las garantías para el cumplimiento de la Ley de Dependencia o la eliminación de los copagos farmacéuticos.  Sin olvidar que los restos del general Franco siguen en el Valle de los Caídos.