La Unión Europea baluarte de las libertades

 

RAMÓN TRIVIÑO

El enfrentamiento a cara de perro de Donald Trump con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, pone sobre el tapete la necesidad de que la Unión Europea (UE) juegue con determinación el papel de baluarte de las libertades en defensa y promoción de derechos fundamentales, como la democracia y el estado de derecho. Desde su creación la UE ha impulsado valores como la libertad de expresión, el libre tránsito de personas y la protección de derechos humanos, convirtiéndose en un modelo global, aunque también enfrenta desafíos como el auge de movimientos autoritarios, crisis migratorias y conflictos internos sobre el equilibrio entre soberanía nacional e integración.

Bronca entre Zelenski y Trump.

La UE defiende un enfoque multilateral, basado en el derecho internacional, los derechos humanos y el comercio regulado, frente a la tendencia de los Estados Unidos (EEUU) hacia el unilateralismo, con políticas proteccionistas y mayor presión sobre sus aliados para alinearse con los intereses estratégicos norteamericanos.

En este contexto, la nueva postura de Estados Unidos frente a la invasión de Ucrania ha producido un terremoto en las relaciones bilaterales entre ambas partes, ya que mientras para Europa las consecuencias de la guerra suponen un mayor impacto económico y energético, para EEUU es un puro negocio, otro más.

Las relaciones con China de las dos partes también se abordan desde postulados diferentes, EEUU adopta una postura de confrontación directa, frente a la UE que busca un equilibrio entre cooperación económica y protección de su industria. La guerra en Gaza es otro de los motivos de enfrentamiento. La UE presiona para encontrar soluciones diplomáticas frente a EEUU que respalda firmemente a Israel y su masacre genocida.

En materia de defensa Europa busca una mayor autonomía estratégica pero sigue dependiendo en gran medida de EEUU y la OTAN para su seguridad. De hecho, Las dudas sobre el compromiso estadounidense con la seguridad europea, han impulsado debates sobre un hipotético ejército europeo.

Desde la invasión rusa en febrero de 2022, Trump ha criticado el nivel de ayuda de EEUU a Ucrania y ya durante su campaña electoral se hartó de decir que "podría resolver la guerra en 24 horas". Ha cuestionado a Zelenski, sugiriendo que Ucrania no es un aliado clave y que EEUU no debería seguir enviando dinero sin condiciones, por último, ha elogiado a Putin en varias ocasiones, lo que genera dudas sobre cómo manejará el conflicto.

En definitiva, a pesar de las tensiones y discrepancias en el seno de la UE, Europa tiene la obligación de defender por todos los medios su modelo de convivencia que, sin duda, han disfrutado los europeos y aquí no valen paños calientes, hacen falta coraje, decisión y voluntad. En caso contrario, parece claro que estaremos en peligro.

Trump versus Hitler

 

RAMÓN TRIVIÑO

«Necesito el tipo de generales que tuvo Hitler», dicen que dijo Trump en la última campaña desarrollada de cara a las elecciones generales norteamericanas del pasado mes de octubre, unas palabras que recogió la revista ‘The Atlantic’ y que luego publicaría el diario El País el día 25 del mismo mes. Según El País también la candidata demócrata, Kamala Harris, señaló al respecto que «Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler». En esa misma información se añadía que la candidata demócrata había llamado “desquiciado” e “inestable” al actual presidente republicano, después de que antiguos altos cargos del republicano en su anterior mandato lo hubieran calificado de fascista.

Donald Trump y Adolf Hitler.

Soy consciente de que meterse en el charco de poner a Trump contra Hitler es adentrarse en el barro de la polémica aunque se tengan en cuenta sus diferentes contextos históricos. Pero si hablamos de similitudes, en términos de retórica populista, uso del nacionalismo y tácticas de movilización de masas, se pueden encontrar ciertos paralelismos. Ambos han utilizado discursos que apelan a las emociones, han señalado enemigos internos y externos para justificar sus políticas y se han apoyado en una legión de seguidores fieles hasta el infinito.

Sin embargo, hay diferencias. Hitler lideró un régimen totalitario basado en una ideología genocida, si bien antes había abolido la democracia liberal, que llevó a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, mientras que Trump, aunque es acusado de socavar instituciones democráticas, de momento, opera dentro de un sistema democrático con contrapesos que teóricamente limitan su poder, a pesar de que cada día que pasa esos contrapoderes sean más escasos.

La comparativa entre Trump y Hitler viene a probar que los líderes autoritarios a menudo construyen una imagen de sí mismos como salvadores de la nación y se presentan como figuras indispensables para la estabilidad y el progreso, desalentando la crítica y la disidencia, al tiempo que la propaganda es la clave para modelar su percepción pública. Los regímenes autoritarios siempre se han basado en la censura de los medios, en atacar a periodistas y en difundir, a través de medios afines, información sesgada para reforzar su narrativa. En el siglo XXI las redes sociales han facilitado la manipulación de la información y la polarización política, algo que no existía en el siglo XX.

Un buen número de analistas señalan que las políticas y retóricas actuales de ciertos líderes estadounidenses están fomentando un "fascismo de nueva generación", el ejemplo más palpable es el multimillonario Elon Musk. Este fenómeno se caracteriza por la promoción de discursos neofascistas, racistas y xenófobos, amparados en una interpretación amplia de la libertad de expresión. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos han generado alarma a nivel internacional. Líderes y organizaciones de derechos civiles temen que la normalización de símbolos y discursos extremistas pueda influir en la radicalización global y en el debilitamiento de las instituciones democráticas.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se ha celebrado en el centro de convenciones National Harbor, en Maryland, ha generado una serie de controversias y debates en torno al resurgimiento de ideologías extremistas en Estados Unidos. Durante su intervención en la CPAC, Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, realizó un gesto que ha sido interpretado por muchos como un saludo nazi. Este acto provocó una ola de críticas y llevó al líder del Reagrupamiento Nacional francés, Jordan Bardella, a cancelar su participación en el evento, calificando el gesto de Bannon como una "provocación inaceptable".

Por otra parte, el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, mostró su respaldo al partido neonazi alemán Alternativa para Alemania (AfD). Una postura que ha generado preocupación entre los líderes europeos y ha sido interpretada como un alejamiento de las políticas tradicionales de alianzas occidentales. Además, en la reciente Conferencia de Múnich, Estados Unidos anunció que dejará de ser el principal garante de la seguridad europea y ofreció concesiones a Rusia sin consultar a sus aliados europeos, lo que también ha generado desconcierto y preocupación en el viejo continente.

En definitiva, la CPAC no sólo ha servido como plataforma para el trumpismo y la ultraderecha estadounidense, sino que ha puesto en evidencia la creciente influencia de discursos que flirtean con el autoritarismo y el revisionismo histórico, lo que podría tener consecuencias en la política global y en la estabilidad de las democracias liberales. Conclusión, Trump no es Hitler, pero empiezan a parecerse.

Estoy cansado

 

Llevo más de cuarenta años dedicado con mayor o menor intensidad al periodismo político que he ejercido en medios de distinto pelaje, creo que con rigor y sin casarme con nadie, pero hoy, mientras daba mi habitual caminata para tratar de evitar la decadencia del cuerpo, me he dado cuenta de que estoy cansado y quizá también escandalizado.

Los neopopulismos enferman a la democracia.

No se puede permanecer impasible ante lo que sucede a nuestro alrededor. Desde el exterminio del pueblo palestino, a la guerra oscura que tiene Ucrania como escenario. Pero tampoco ante el lawfare, en mi opinión una auténtica cacería, que se viene ejerciendo de la mano de algunos, aunque sean pocos, jueces y magistrados. No termino de entender que el hartazgo de una buena parte de la ciudadanía nos esté conduciendo a un claro retroceso en materia de derechos y libertades. Parece que el mundo occidental ha echado al cajón del olvido las desgracias que acarreó el ascenso del fascismo.

¿Quién es el responsable de lo que está pasando? Algunos, quizá los más atinados piensan que la precaria situación económica de muchas familias, el miedo, o la inseguridad de cara al futuro, están en el trasfondo de la situación. Otros, apuestan por señalar a los bulos y a los seudo medios de comunicación, aunque también añadiría las cabeceras de medios tradicionales, que actúan como la voz de su amo, junto a algunas emisoras generalistas de radio y televisión, que tratan a través de algunos de sus programas de confundir y aborregar a sus audiencias.

No puedo evitar escandalizarme cuando día tras día, personajes como Isabel Díaz Ayuso, a la que con seguridad le falta un hervor, marcan, un día sí y otro también, la agenda política. Los populismos que representan Feijoó y Abascal, sin propuestas que ofertar, basando sus discursos en burdas mentiras, hacen que la moral de una buena parte de los demócratas no se encuentre muy allá.

Habría que añadir que la falta de capacidad de la izquierda para forjar una unión necesaria, junto a la demostrada falta de eficacia de las administraciones públicas para resolver de manera ágil y eficaz los problemas de los ciudadanos, tenemos una administración dieciochesca, forman el caldo de cultivo que provoca la desesperanza.

Este panorama motiva cansancio y hastío, pero ante el escenario al que se enfrentan nuestros ojos cada día hay que apostar por más democracia, más valentía, mayor compromiso, más política de la buena y mayor activismo a favor de una sociedad más justa, más igualitaria y con mayor libertad.

La censura en tiempos de coronavirus

Son ya decenas de organizaciones internacionales, como es el caso de Reporteros Sin Fronteras, las que afirman que la libertad de expresión es ya víctima del coronavirus, al tiempo que aseguran, que por el contario, en este momento es cuando la información es más necesaria que nunca. También parece existir unanimidad en que con la intención de proteger a los ciudadanos, en algunos países, se están recortando derechos, que luego serán difíciles de restaurar.

Rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

La citada ONG, Reporteros Sin Fronteras acaba de lanzar la aplicación Tracker-19, que consiste en un observatorio online para “evaluar el impacto de la pandemia en el periodismo” y documentar, allí donde se produzca, la “censura estatal y la desinformación deliberada, así como su impacto en el derecho a una información y noticias fiables”.

Por otra parte, ante los ciudadanos que hacen la ola al gigante chino por su gestión de la crisis del COVID-19, Amnistía Internacional denuncia y recuerda que el Gobierno del gigante asiático, con el pretexto de salvaguardad la seguridad del Estado decidió no solo no comunicar el brote de la enfermedad, sino que castigó a quienes hablaban de ella o alertaban de la existencia de la pandemia.

Unas decisiones que no solo violaron el derecho a la libertad de expresión sino que, al ocultar la enfermedad y no tomar las medidas necesarias a tiempo, facilitó el peor de los escenarios posibles poniendo en grave riesgo el derecho a la salud de millones de personas dentro y fuera de China.

Amnistía Internacional también advierte, en referencia al caso de China, que la censura sobre la información se mantiene intimidando y acosando a los activistas que tratan de difundir información, o expulsando del país a periodistas extranjeros, lo que a su vez favorece el crecimiento de noticias falsas, así como el rechazo a las personas de la provincia de Hubei, foco de la epidemia, dentro del propio país. No disponer de una información fiable y completa hace que la población no pueda colaborar eficazmente en una situación de alto riesgo real., asegura la prestigiosa entidad internacional.

En España, la caja de los truenos la ha abierto la publicación de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que entre sus preguntas ha colado la de interrogar a los españoles sobre la posibilidad de aplicar la censura en los medios de comunicación durante la crisis del COVID-19. “¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”.

La Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) ha rechazado de inmediato la alternativa que propone la pregunta, o circulación libre de bulos o control de la información por el gobierno. Ni una cosa ni la otra dice la FAPE, que mantiene que las organizaciones profesionales están en contra de que se impongan límites a la libertad de expresión más allá de los que ya están establecidos por la ley y por el código deontológico de la profesión.

Un argumento, que a su vez, que ha sido recogido por los partidos de la oposición de la derecha para tratar de arrear, una vez más, al Gobierno, acusándolo de pretender limitar la libertad de expresión

El debate está abierto y aconseja a mantenerse atentos a la posibilidad de que se ponga en peligro un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos humanos.

Mientras tanto, los ciudadanos están confinados en sus casas sin poder moverse libremente, los gobiernos declaran estados de emergencia sin debate previo amparándose en la urgencia de la toma de decisiones, y países que antes exigían enormes garantías de privacidad a las plataformas digitales y que ahora se plantean la vigilancia ciudadana mediante la tecnología.

Hay que derogar ya la ley mordaza

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como ley mordaza, acaba de cumplir tres años de su entrada en vigor. Desde su promulgación se han impuesto, nada menos, que 44.000 sanciones por faltas de respeto a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según un informe de Amnistía Internacional hecho público el pasado viernes 29 de junio, de las cerca de 19.500 multas impuestas en 2016 por la aplicación del artículo 37.4 de la ley, referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, se pasó a 20.700 multas en 2017 y a 4.361 solo durante el primer trimestre de 2018.

Según el mismo informe, la reforma del Código Penal supuso un aumento más que significativo de las condenas por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. En total, entre 2015 y 2017 se han condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal, frente a las 23 condenadas entre 2011 y 2013. Al tiempo, que se incrementa la discrecionalidad de las actuaciones policiales lo que, sin duda, provoca “indefensión ante la dificultad para oponerse a la versión policial una vez ha sido tramitada la denuncia”.

Amnistía Internacional también denuncia que la legislación todavía vigente ha producido un mayor “señalamiento, persecución y criminalización de activistas, periodistas y movimientos ciudadanos que llevan a cabo acciones de protesta de naturaleza pacífica”.

El balance de la aplicación de la ley mordaza es escandaloso.

Se puede constatar en la realidad del día a día, que tanto la ley mordaza, como la última reforma del Código Penal, están sirviendo para procesar penalmente, o sancionar por vía administrativa, a usuarios de redes sociales, artistas, raperos, activistas sociales o periodistas por expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información, reconocidos en la Constitución Española.

Todos los medios de información progresistas, se han hecho eco estos días del triste aniversario, de la consolidación del deterioro de la libertad de información, expresión, al tiempo que han clamado para que se lleve a la práctica la exigencia de Amnistía Internacional de que en el debate, que se debe abrir sin demora, sobre la reforma de la ley mordaza, se tenga en consideración la revisión en profundidad de la legislación, para eliminar aquellas disposiciones que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.

Está claro que el PSOE no puede ser tibio en esta materia, ni tampoco en la elaboración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Eliminar contenidos de internet sin pasar por el juez es CENSURA 

De otra parte, hay que tratar de garantizar que todas las personas puedan acceder a los  recursos adecuados, efectivos y rápidos, cuando por la actuación de terceros, o de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, consideren vulnerados sus derechos de reunión pacífica, expresión e información.

El cambio inesperado de Gobierno abrió una puerta a la esperanza. Aunque a decir verdad, no todos son muy optimistas al respecto. El pasado 25 de junio, a instancias del Ejecutivo, el grupo parlamentario Socialista anunciaba que había entablado conversaciones con otros grupos para poner en marcha el compromiso de Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, de llevar a cabo de forma urgente una reforma en profundidad de las materias aquí expuestas.

Al margen de las dificultades jurídicas que entraña la existencia en tramitación en el Congreso de los Diputados de dos proposiciones de ley sobre la materia, una del PSOE y otra del PNV que según fuentes de las citadas negociaciones, será la que prevalecerá, también hay que tener en cuenta la posición de Podemos, donde son partidarios de elaborar una nueva ley de seguridad ciudadana desde cero. Por otro lado, habrá que estar pendientes de la resolución de los recursos presentados, tanto por el PSOE, como otros grupos, ante el Tribunal Constitucional sobre la ley mordaza del Partido Popular.

Está más claro que el agua que en esta coyuntura el PSOE no puede ser tibio en esta delicada materia, ni tampoco en la elaboración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para mí, lego en la materia, eliminar contenidos de internet sin pasar por el juez es CENSURA.

Como bien señalaba en su cuenta de Twitter el bufet Almeida, experto en estas lides, “comprendemos que no tiene una mayoría estable, comprendemos que las vacaciones parlamentarias complican la tramitación, pero no comprenderemos que mantenga en vigor la #LeyMordaza”.

España abre el tiempo del cambio

Después de unas jornadas de trepidante actividad informativa, que comenzó con la victoria de la moción de censura de Pedro Sánchez, la caída, impensable hace pocos días, de Mariano Rajoy, la formación del nuevo Gobierno de España y, por qué no decirlo, la designación de la periodista Soledad Gallego-Diaz, al frente de la cabecera del emblemático diario El País, se antojaba una especial y óptima configuración de las estrellas, ha comenzado, sin remedio, el tiempo del cambio.

No hay que olvidar y siempre recordar, que el nuevo escenario político que se abre ante la ciudadanía, se debe al acuerdo de un conglomerado de fuerzas políticas, ocho en total, cada una de su padre y de su madre, que coincidieron en la necesidad de terminar con una etapa de la democracia española que había llegado al límite.

Pedro Sánchez promete su cargo en La Zarzuela.

La primera sentencia del caso Gürtel, solo fue la espoleta que provocó la explosión de una situación en la que además de imperar la corrupción, estaba dañada por el fuerte retroceso en derechos y libertades elementales y por una larga serie de políticas que tenían sumido al país en umbrales de pobreza, desigualdad y precariedad que no se recordaban desde los tiempos de la postguerra española.

Esas fueron las razones legítimas para que 180, más de la mayoría absoluta necesaria, de los 350 diputados que componen el Congreso, que representan, según el número de votos de las últimas elecciones generales del 26 de junio de 2016, la voluntad de más de 12 millones de electores, frente a los 11 millones que respaldaron al Partido Popular y Ciudadanos, contrarios a la moción de censura, decidieran abrir la puerta al necesario tiempo del cambio.

Es cuestión baladí afirmar que los tiempos que se avecinan no serán fáciles, creo que nadie ha dicho que lo vayan a ser, pero lo que sí parece claro, es que se dan las condiciones necesarias para que el fruto del esfuerzo colectivo se convierta en una fuerza transformadora que cambie el erróneo rumbo que llevaba España. Además, se contará con la herramienta esencial que supone el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que en mi humilde opinión es el que posee más brillo propio desde la vuelta a la democracia.

En el camino que ahora emprendemos será esencial mantener la generosidad política que alumbró la moción de censura así como la conjura para mutar los daños que la derechona de siempre ha infligido a la gran mayoría de los ciudadanos. También es esencial, en el período provisional que se abre, mostrar la voluntad de resolver la terrible herida abierta a causa de la llamada cuestión catalana.

Es menester atender las clamorosas demandas sociales, al tiempo que encauzar las reformas estructurales, que por culpa de la acción de la derecha y también, de las circunstancias políticas, han hecho que España vaya con mucho retraso en la senda del progreso y el desarrollo, en relación a los países del entorno europeo.

Se ha hablado mucho estos días del ejemplo de Portugal, un modelo a seguir, en cuanto a la adaptación a sus necesidades y no a las crueles exigencias de Bruselas y del FMI. Portugal ha demostrado que otra forma de hacer política es posible, sin dejar de cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea y los acreedores.

El timón de la nave le corresponde en esencia al flamante presidente Pedro Sánchez, que en su primera intervención pública tras tomar posesión de su cargo ante el Rey, prometió que su Gobierno tendrá como objetivo “escuchar, dialogar y anteponer siempre el consenso a la crispación” en la política española e internacional.

Una fórmula, que a tenor de las primeras declaraciones del resto de las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura, parecen ser el denominador común de las acciones que España necesita para volver a creer en un horizonte cargado de esperanza e ilusión.

Vídeo: Acto de toma de posesión de Pedro Sánchez.

Tenemos que reconquistar lo nuestro

Llevo bastantes semanas preocupado por el estado de las cosas, por la salud de la democracia, por el retroceso de derechos y libertades. Lo he dejado escrito en varios artículos como, por ejemplo,  La única receta para salvar la democracia, No vamos bien, Hay que retomar las calles, Sin libertad de expresión la democracia es imposible, o el que hablaba sobre la necesidad de Volver al activismo político.

Este mismo fin de semana, he tenido la ocasión de leer dos estupendos trabajos que creo que van en la misma dirección y que son de lectura obligada. De una parte, el firmado por la exdiputada Kechu Arámburu en el Confidencial Andaluz, titulado El pacto de silencio y en el que escribe “las cloacas cada día desprenden un hedor más nauseabundo, pendiente de una limpieza a fondo de toda la mugre, que arrastra décadas de prácticas camorreras”.

Existe una sensación de decepción colectiva.

Y de otra, el del siempre brillante Carlos Elordi, que en eldiario.es titula Nos están embruteciendo a conciencia, en el que hace una afirmación, que sirve al menos para dar unas pensadas, cuando se refiere a todos, y digo todos, los actuales dirigentes políticos y señala que “no tienen nada que decir sobre las dramáticas crisis, políticas e institucionales, que vive España. Y que la suerte de las elecciones se vaya a dirimir en base a eso da miedo. Porque sugiere que vamos a seguir igual por mucho tiempo. O peor”.

En los textos citados se expresan realidades objetivas y argumentos irrefutables, al igual que lo hace el profesor Federico Mayor Zaragoza en su reciente libro “Recuerdos para el porvenir, referentes y valores para el siglo XXI” y que glosa la periodista Rosa María Artal diciendo, “En un momento el que los Derechos Humanos están siendo seriamente vapuleados -y lo que es peor, obviados, ignorados-  es incluso saludable escuchar a quien ha hecho de su defensa razón de vida”.

Una de las virtudes del activista político es no dejarse llevar por el desánimo y continuar creyendo que el futuro sigue estando en nuestras manos, en la voluntad colectiva de toda la ciudadanía, en el poder del voto y de la movilización en la calle. Tenemos ejemplos muy recientes de lo que aquí se dice, como son los casos de pensionistas o feministas.

Esta sensación de decepción colectiva, de incapacidad para resolver las cuestiones y retos que de verdad tiene planteados la sociedad española, debe ser superada y no dejar que el árbol nos impida ver el bosque. Tenemos que recuperar lo nuestro.

Y parece que la única forma para avanzar hacia ese objetivo es seguir trabajando en la concienciación de que los graves problemas planteados, no se resolverán de la mano de una varita mágica. Todo lo contrario, la solución pasa por la acción colectiva de todos los sujetos sociales que tienen como denominador común las ideas de progreso y de la izquierda.

Hoy vuelvo a plantear como más necesario que nunca el debate, el diálogo, el acuerdo y la movilización que pueda conducir al conjunto de los españoles a recuperar la ilusión por un proyecto colectivo para la gran mayoría de los ciudadanos. Estas circunstancias ya se dieron en otros momentos de la reciente Historia.

Reformar la Constitución, objetivo prioritario

Envueltos en el fragor de la batalla de la llamada cuestión catalana, la mayor crisis política en España desde los golpes de Estado que derribaron la República en 1936 y el que intentó terminar con la joven democracia española el 23-F de 1981, se abre paso la imprescindible reforma de la Constitución Española del 78, un camino difícil, pero no imposible, debido a la necesidad de encontrar mayorías cualificadas en el Parlamento, que exigen amplios consensos, como determina el Título X de la vigente Carta Magna.

Como ha dicho con claridad la jueza Victoria Rosell "no hay ningún artículo de la Constitución que no se pueda modificar por los cauces legales". Esta afirmación, en la que parecen coincidir la mayoría de las fuerzas políticas y, sobre todo, la mayor parte de los ciudadanos, hace más que recomendable no dejar pasar la oportunidad de acometer ahora, cuando se van a cumplir 39 años de su entrada en vigor el proceso de una profunda reforma.

La mayoría cree necesaria la reforma constitucional.

Pero una reforma para modernizarla, para clarificarla, para resolver la cuestión territorial y, sobre todo, para salvaguardar y reforzar los derechos esenciales de los ciudadanos, y no para resolver las necesidades de las fuerzas políticas o de sus privilegios.

En este sentido, hay que valorar la iniciativa del Partido Socialista (PSOE), una de las fuerzas esenciales en impulsar y desarrollar la Constitución vigente, que mostraba su alegría de que por fin se haya entendido que la España de 2017 no es la España de 1978, “y un nuevo tiempo, necesita una nueva Constitución”.

El pasado 11 de octubre, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunciaba un acuerdo con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, para iniciar la reforma de la Constitución, en el seno del Congreso de los Diputados. Sánchez conseguía que a cambio del apoyo a la aplicación del 151 en Catalunya, Rajoy aceptara abrir la reforma constitucional en un plazo de seis meses, cuando concluyan los trabajos de la comisión de estudio del modelo territorial que han impulsado los socialistas en el Congreso.

Se abría así un horizonte de esperanza al conseguir que la reforma de la Constitución, dejara de ser materia tabú o inalcanzable, sobre todo debido a la necesidad de los amplios consensos ya explicados. En este sentido, Pedro Sánchez dirigía, el 13 de octubre, una carta a la militancia del PSOE en la que aseguraba que su partido va a buscar espacios de entendimiento, “para la construcción de un nuevo Pacto Constitucional del que se sienta partícipe el conjunto de la sociedad española, y muy especialmente nuestros jóvenes”.

Con esta importante iniciativa se abre una oportunidad histórica, demandada por la gran mayoría, con la que se trata de buscar, sobre todo, un pacto intergeneracional. Dejando al margen, pero no de lado, la crisis de Catalunya, se plantea hacer frente a los nuevos/viejos desafíos, como el fortalecimiento de los derechos y libertades; la adecuación de la articulación con Europa, el refuerzo del Estado Social para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, la mejor calidad democrática o la regeneración de la vida política y de las instituciones.

Ahora queda luchar para que las palabras no se las lleve el viento y para que los intereses partidistas y electorales, no emborronen la senda que conduce a la necesaria y anhelada reforma de la ya vieja Constitución Española, que quieran algunos, o no, ha deparado los mayores logros de la Historia más reciente.