Son
ya decenas de organizaciones internacionales, como es el caso de
Reporteros
Sin
Fronteras,
las
que
afirman que la libertad de expresión es ya víctima del coronavirus,
al tiempo que aseguran, que
por el contario,
en este momento es
cuando la información es más necesaria
que nunca. También
parece
existir unanimidad
en que con la intención de proteger a los ciudadanos, en algunos
países, se
están
recortando derechos, que luego serán difíciles de restaurar.
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| Rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa. |
La
citada ONG, Reporteros
Sin
Fronteras
acaba de lanzar la
aplicación Tracker-19,
que
consiste en un
observatorio online
para “evaluar el impacto de la pandemia en el periodismo” y
documentar, allí
donde se produzca, la “censura estatal y la desinformación
deliberada, así como su impacto en el derecho a una información y
noticias fiables”.
Por
otra parte, ante
los ciudadanos que hacen la ola al gigante chino por su gestión de
la crisis del COVID-19,
Amnistía
Internacional
denuncia
y recuerda que
el Gobierno
del
gigante asiático,
con
el pretexto de
salvaguardad la seguridad del Estado
decidió
no solo no comunicar el brote de la enfermedad, sino que castigó
a quienes hablaban
de ella o
alertaban de la existencia de la pandemia.
Unas
decisiones
que no solo violaron
el derecho a la libertad de expresión sino que, al ocultar la
enfermedad y no tomar las medidas necesarias a tiempo, facilitó el
peor de los escenarios posibles poniendo en grave riesgo el derecho a
la salud de millones de personas dentro y fuera de China.
Amnistía
Internacional
también advierte, en referencia al
caso de China,
que la
censura sobre la información se mantiene intimidando y acosando a
los
activistas
que tratan de difundir información, o
expulsando del país a periodistas extranjeros, lo que a su vez
favorece el crecimiento de noticias falsas, así como el rechazo a
las personas de la provincia de Hubei,
foco de la epidemia, dentro del propio país. No disponer de una
información fiable y completa hace que la población no pueda
colaborar eficazmente en una situación de alto riesgo real., asegura
la prestigiosa entidad internacional.
En
España, la caja de los truenos la ha abierto la publicación
de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) que entre sus preguntas ha colado la de interrogar a los
españoles sobre la posibilidad de aplicar la censura en los medios
de comunicación durante la crisis del COVID-19. “¿Cree Ud.
que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e
informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los
medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre
la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad
total para la difusión de noticias e informaciones?”.
La
Federación
de Asociaciones de la Prensa (FAPE)
ha rechazado
de inmediato
la alternativa que propone la pregunta, o circulación libre de bulos
o control de la información por el gobierno. Ni una cosa ni la otra
dice
la FAPE,
que mantiene que las organizaciones profesionales están en
contra de que se impongan límites a la libertad de expresión más
allá de los que ya están establecidos por la ley y por el
código deontológico de la profesión.
Un
argumento, que a su vez, que ha sido recogido por los partidos de la
oposición de la derecha para tratar de arrear, una vez más, al
Gobierno, acusándolo de pretender limitar la libertad de
expresión
El
debate está abierto y aconseja a mantenerse atentos a la posibilidad
de que se ponga en peligro un derecho fundamental consagrado en la
Declaración Universal de los Derechos humanos.
Mientras
tanto, los ciudadanos están confinados en sus casas sin poder
moverse libremente, los gobiernos declaran estados de emergencia sin
debate previo amparándose en la urgencia de la toma de decisiones, y
países que antes exigían enormes garantías de privacidad a las
plataformas digitales y que ahora se plantean la vigilancia ciudadana
mediante la tecnología.
