martes, 6 de febrero de 2018

No es no a la prisión permanente revisable

Miedo me da meterme de patas en la polémica sobre la necesidad, o no, de derogar la figura de la prisión permanente revisable. Un debate ahora de actualidad a raíz de la propuesta de ley presentada en el Congreso de los Diputados, para derogarla, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que cuenta con el apoyo de toda la oposición, con la excepción de Ciudadanos que, como casi siempre, no se sabe si suben o si bajan.

No me metería en este pantanal, siendo lego en materia jurídica, a no ser por la profunda convicción democrática de que las leyes deben inspirar a la Justicia para que su aplicación esté cercana a la lógica. Y digo esto, preocupado ante la insidiosa utilización electoralista que está haciendo el Partido Popular (PP) de la citada cuestión y tras constatar que algunas personas de mi entorno han mostrado su posición favorable al mantenimiento, no sólo de la prisión permanente revisable, sino también, aprovechando que el  Pisuerga pasa por Valladolid, para defender incluso la reimplantación de la pena de muerte en determinados supuestos.

Se está haciendo populismo con la prisión permanente revisable.
Un escandaloso retroceso para los derechos humanos en España, que están siendo pisoteados por una plaga de insensatos, que la gran mayoría consideramos inadmisible y que obliga a dar la cara por un sistema democrático que costó a muchos sangre sudor y lágrimas, frente a los que, llevados por los encendidos y lógicos sentimientos que provocan crímenes horrendos, quieren practicar la venganza en lugar del imperio de la ley.

Hay muchos argumentos para desmontar las razones que alegó el pasado domingo, día 4 de febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no sólo para mantener la prisión permanente revisable, sino también sus anunciados propósitos de aumentar los supuestos para la aplicación de esta figura jurídica y que tienen un indudable tufo electoralista. Los populares buscan caladeros de votos para intentar salir de su actual situación demoscópica.

Unas medidas que están a la espera de que el mismísimo Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado contra la modificación del Código Penal, que incluyó, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta, la figura de la prisión permanente revisable y a la que se oponen distinguidos y numerosos juristas que mantienen que el dolor no es Justicia.

“La preeminencia obtenida por los intereses de las víctimas y el populismo han dado respetabilidad social a ciertos sentimientos cuya demanda de satisfacción en otros tiempos se comprendía pero no se atendía; me refiero a los sentimientos de venganza tanto de las víctimas y sus allegados como de la población en general”, escribía el catedrático José Luis Díez Ripollés.

La Asociación de Jueces para la Democracia ha hablado alto y claro y ha calificado la prisión permanente revisable, en realidad una cadena perpetua a pesar de los intentos del PP de desligar ambas cosas, como contraria a la propia Constitución Española por ser incompatible con el derecho a la reinserción social y la reeducación del penado, recogidos en el artículo 25 de la Carta Magna.

Al contrario de lo que muchos piensan, el sistema punitivo español es uno de los más severos de nuestro entorno y lo demuestra el bajo índice de criminalidad existente, frente al de los países donde sí existen penas como la que es objeto de la polémica, pese a que en España se producen los niveles de internamiento penitenciarios más largos. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado la posición del Gobierno y del PP  por proponer las nuevas medidas en lugar de dotar a la Justicia de medios suficientes que permitan ofrecer una respuesta penal ágil.

En conclusión, la figura de la prisión permanente revisable que trata de mantener la derechona de siempre y que además pretende ampliar a otros supuestos, es una clara forma de manipular el dolor de las víctimas con la falsa eficacia disuasoria de la prisión permanente. A la vez, que incumple el principio constitucional de reinserción y el carácter no degradante de las penas.

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