Miguel Tellado, el pirómano

 RAMÓN TRIVIÑO

La figura de Miguel Tellado, actual portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Popular (PP) ha sido ampliamente criticada por usar un tono de confrontación constante en el hemiciclo y en medios de comunicación. Se le acusa de hablar como si hiciera “mitines” pronunciando discursos duros contra el Partido Socialista (PSOE) y la presidenta de la cámara. Para muestra un botón, “nuestra obligación (…) es echar a Sánchez (…) con todos los medios a nuestro alcance. Y si son judiciales, también lo vamos a hacer”.

Miguel Tellado es visto como un "hombre de confianza" sin peso político propio más allá de su cercanía al líder. Su ascenso a portavoz nacional se atribuye principalmente a su lealtad incondicional a Alberto Núñez Feijóo, antes que a un liderazgo visible o una base propia dentro del partido.

La falta de escrúpulos de Tellado la ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, por ejemplo, cuando mostró en el Congreso fotografías de víctimas de ETA pertenecientes al PSOE, contra la voluntad de las familias, lo que los socialistas calificaron de “matonismo” y “show de bajo fondo”, o cuando sugirió que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, “debería irse del país en un maletero”, comparando su posible salida con la huida de Puigdemont, que posteriormente definió como un “chascarrillo” .

Unas maneras que no dejan a nadie indiferente. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) tildó su estilo de “torpe”, “maleducado” e incluso lo acusó de tener posturas con tintes “neofascistas”, sus propios compañeros en el Congreso han criticado su tono y sus ataques sistemáticos como “exasperantes” o propios de un “halcón” . Las constantes acciones como pirómano tensionan el debate parlamentario y dificulta el diálogo institucional, ya que insinuaciones judiciales no probadas, referencias personales y borrado de tuits apuntan a manipulación mediática y falta de transparencia.

No deja de ser curioso que Tellado pueda llegar a ser víctima de su propio discurso, ya que en un auto del 7 de febrero, el juez Ismael Moreno recoge una conversación interceptada por la UCO en la que Koldo García, ex asesor de Ábalos, le dice a un empresario que “había quedado con Miguel Tellado y ‘Alberto’ al día siguiente” para tratar una reclamación de 2,6 millones de euros del Govern balear. El portavoz negó “rotundamente” haber mantenido cualquier reunión o conversación con Koldo García. En el mismo sentido se pronunció Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que también rechazó la acusación calificándola de “indecente” y aseguró que no hubo ningún encuentro. Desde fuentes del PSOE se exigió la comparecencia de Tellado, apuntando a un posible papel de intermediación para que la reclamación balear fuera retirada.

En resumen, más allá de su inusual perfil combativo, Miguel Tellado ha encadenado polémicas por su tono incendiario, el uso político de la memoria de las víctimas, declaraciones fuera de lugar y posibles conexiones con tramas judiciales, desmontando la imagen de moderación que pretendía proyectar el PP.

No es no a la prisión permanente revisable

Miedo me da meterme de patas en la polémica sobre la necesidad, o no, de derogar la figura de la prisión permanente revisable. Un debate ahora de actualidad a raíz de la propuesta de ley presentada en el Congreso de los Diputados, para derogarla, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que cuenta con el apoyo de toda la oposición, con la excepción de Ciudadanos que, como casi siempre, no se sabe si suben o si bajan.

No me metería en este pantanal, siendo lego en materia jurídica, a no ser por la profunda convicción democrática de que las leyes deben inspirar a la Justicia para que su aplicación esté cercana a la lógica. Y digo esto, preocupado ante la insidiosa utilización electoralista que está haciendo el Partido Popular (PP) de la citada cuestión y tras constatar que algunas personas de mi entorno han mostrado su posición favorable al mantenimiento, no sólo de la prisión permanente revisable, sino también, aprovechando que el  Pisuerga pasa por Valladolid, para defender incluso la reimplantación de la pena de muerte en determinados supuestos.

Se está haciendo populismo con la prisión permanente revisable.

Un escandaloso retroceso para los derechos humanos en España, que están siendo pisoteados por una plaga de insensatos, que la gran mayoría consideramos inadmisible y que obliga a dar la cara por un sistema democrático que costó a muchos sangre sudor y lágrimas, frente a los que, llevados por los encendidos y lógicos sentimientos que provocan crímenes horrendos, quieren practicar la venganza en lugar del imperio de la ley.

Hay muchos argumentos para desmontar las razones que alegó el pasado domingo, día 4 de febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no sólo para mantener la prisión permanente revisable, sino también sus anunciados propósitos de aumentar los supuestos para la aplicación de esta figura jurídica y que tienen un indudable tufo electoralista. Los populares buscan caladeros de votos para intentar salir de su actual situación demoscópica.

Unas medidas que están a la espera de que el mismísimo Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado contra la modificación del Código Penal, que incluyó, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta, la figura de la prisión permanente revisable y a la que se oponen distinguidos y numerosos juristas que mantienen que el dolor no es Justicia.

“La preeminencia obtenida por los intereses de las víctimas y el populismo han dado respetabilidad social a ciertos sentimientos cuya demanda de satisfacción en otros tiempos se comprendía pero no se atendía; me refiero a los sentimientos de venganza tanto de las víctimas y sus allegados como de la población en general”, escribía el catedrático José Luis Díez Ripollés.

La Asociación de Jueces para la Democracia ha hablado alto y claro y ha calificado la prisión permanente revisable, en realidad una cadena perpetua a pesar de los intentos del PP de desligar ambas cosas, como contraria a la propia Constitución Española por ser incompatible con el derecho a la reinserción social y la reeducación del penado, recogidos en el artículo 25 de la Carta Magna.

Al contrario de lo que muchos piensan, el sistema punitivo español es uno de los más severos de nuestro entorno y lo demuestra el bajo índice de criminalidad existente, frente al de los países donde sí existen penas como la que es objeto de la polémica, pese a que en España se producen los niveles de internamiento penitenciarios más largos. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado la posición del Gobierno y del PP  por proponer las nuevas medidas en lugar de dotar a la Justicia de medios suficientes que permitan ofrecer una respuesta penal ágil.

En conclusión, la figura de la prisión permanente revisable que trata de mantener la derechona de siempre y que además pretende ampliar a otros supuestos, es una clara forma de manipular el dolor de las víctimas con la falsa eficacia disuasoria de la prisión permanente. A la vez, que incumple el principio constitucional de reinserción y el carácter no degradante de las penas.

Incógnitas para el nuevo curso político en Andalucía

A pocas fechas del inicio del nuevo curso político el horizonte que se atisba en el caso de Andalucía está plagado de incógnitas. La principal está relacionada con el actual reparto de fuerzas de cara a la convocatoria de elecciones autonómicas, que aunque se antoje todavía lejana, marzo de 2019, podría ser adelantada para finales de 2018, al igual que sucedió en 2015. Susana Díaz disolvió la Cámara andaluza para celebrar nuevos comicios, cuando semanas antes había asegurado públicamente “no hay riesgo de adelanto electoral, porque hay estabilidad política y presupuestos”.

En este sentido, hay que destacar la decisión del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada, de cancelar el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA) de este verano, alegando falta de fondos. La supresión de la encuesta, que se conoce como el CIS andaluz, ya se produjo también el año anterior cuando el citado centro renunció a presentar el Egopa para la temporada estival justificándolo en la ausencia de Gobierno y negando cualquier tipo de "injerencia política", siendo la primera vez que se producía esta circunstancia. La última Egopa se hizo pública el pasado invierno.

Egopa Invierno 2017.

Por lo que en la actualidad existe poca información sobre la opinión política de los andaluces si se exceptúan las encuestas realizadas en febrero, por encargo del Parido Popular (PP) a la empresa consultora Bevents Comunicación, que vaticinaba un empate técnico entre populares y Partido Socialista (PSOE) y la posibilidad de que el PP y Ciudadanos (C’s) lograran una justada mayoría absoluta. Según el mismo estudio,  el PP ganaría en Almería, Cádiz, Granada y Málaga y habría un empate técnico en Córdoba. En Jaén, Sevilla y Huelva triunfarían las candidaturas socialistas. Podemos se quedaría con 14 escaños y podría perder un representante, al igual que Izquierda Unida (IU), que tendría 4 diputados frente a los 5 actuales.

Otra encuesta, más reciente, realizada en julio de este año por la empresa Celeste-Tel, ofrecía datos diametralmente opuestos. El PSOE (con el 35,8%) volvería a ser la fuerza más votada con los mismos escaños de las elecciones autonómicas del 2015 (47), por lo que necesitaría repetir su pacto con Ciudadanos para continuar presidiendo la Junta de Andalucía. El PP (25,5%) no solo no mejoraría sus resultados anteriores, sino que los empeoraría, al pasar de 33 a 31 diputados. Podemos (15,2%) sumaría un parlamentario y pasaría de 15 a 16. Ciudadanos (9,9%)  rentabilizaría su pacto con el PSOE, convirtiéndose en el partido que más crecería al aumentar en dos escaños. Pasaría de 9 a 11. IU (6,6%) perdería otro diputado al bajar de 5 a 4.

Pero estos datos, interesantes para el análisis, pero que son ya agua pasada, podrían estar muy condicionados por lo sucedido sobre el escenario político en las últimas semanas, no sólo a nivel regional, sino también por lo acaecido en el ámbito nacional. Desde la corrupción que ha bañado a los populares, pasando por las primarias federales en el PSOE, la situación económica y el proceso soberanista en Cataluña, entre otras muchas acontecimientos.

Pero, además la actuación de las principales fuerzas políticas andaluzas también se podrá ver condicionada por sus diferentes situaciones internas. En el PSOE su deriva política vendrá marcada no sólo por la celebración de su reciente congreso regional, sino también  por el proceso abierto de elecciones primarias a nivel provincial, en que susanistas y sanchistas volverán a medir sus fuerzas otra vez y que, sin duda, determinarán las decisiones futuras de Susana Díaz.

En el PP andaluz, donde el liderazgo y nivel de conocimiento de Juan Manuel Moreno Bonilla no termina de cuajar, las heridas que dejó en sus filas el experimento de las primarias no terminan de cerrarse. Casi tres meses después de que concluyese el difícil proceso de congresos provinciales, las cicatrices siguen abiertas en algunas provincias, como Jaén o Sevilla, donde el enfrentamiento entre críticos y oficialistas fue más acusado.  No hay que olvidar que las divisiones internas siempre son castigadas por el electorado.

En Podemos, al margen de las diferencias internas surgidas en algunos de sus grupos a nivel local, como en Cádiz o en  Málaga, tras el proceso electoral bastante reñido en 2016, en la que se impuso la actual portavoz en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, la calma reina en la organización, salvo los puntuales brotes ya citados y una vez superado el proceso de Vistalegre II, desde el que  la organización andaluza parece gozar de un elevado nivel de autonomía respecto a la dirección encabezada por Pablo Iglesias. Destacar también que Teresa Rodríguez acaba de animar al PSOE-A a replantearse la alianza que mantiene con Ciudadanos en Andalucía para así demostrar que "es posible salir de la crisis económica en clave de igualdad y de recuperar derechos".

Con lo que respecta a Ciudadanos en Andalucía, su máximo dirigente, Juan Marín, parece seguir la misma estrategia que ésta formación a nivel nacional encabezada por Albert Rivera, colocarse siempre de perfil. Los casos más recientes los encontramos en su posición sobre la bonificación sobre el impuesto de ciudadanos o en la postura sobre la necesidad de proceder al desmantelamiento de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) encargada del desarrollo económico y empresarial de la comunidad andaluza.

Ciudadanos en Andalucía tampoco se libra de algunos conflictos de carácter interno, destacando el malestar por la no presencia de Málaga en la nueva dirección nacional conformada por Albert Rivera tras su último congreso nacional.

El abismo del PSOE

Asistiendo en directo al acto organizado por el PSOE de Andalucía en Jaén para conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la llamada ley de Dependencia, un mitin nucleado en torno a las figuras de Susana Díaz y José Luis Rodríguez Zapatero, confirmé la impresión, que me embarga desde meses atrás, de que lo que estaba viendo en el Instituto Ferial de Jaén (IFEJA) no se correspondía con la realidad. Me explico.

Los mensajes allí lanzados podrían ser suscritos por cualquier ciudadano con el corazón situado a la izquierda, pero que desconociera los acontecimientos que se han ido sucediendo en el escenario político de España, y más concretamente en el seno del PSOE. No voy a desgranar aquí las proclamas lanzadas por ambos políticos, ya que lo hizo muy bien en su crónica para El Confidencial  la compañera Isabel Morillo, pero sí poner de manifiesto que lo que allí se escuchó se aleja bastante de la realidad.

Susana Díaz y José Luis Rodríguez Zapatero en Jaén.

La imagen de Susana Díaz se viene deteriorando día a día, a pesar del esfuerzo del enorme aparato que la rodea, desde que encabezó la rebelión contra Pedro Sánchez en el seno del Comité Federal del PSOE celebrado los días 1 y 2 de octubre. Ese golpe de mano, como lo han denominado sus mismos protagonistas, puso de relieve la ligazón de la baronesa andaluza con la élite mediática, empresarial y financiera de España. En definitiva con la derechona de siempre.

Posteriormente, la posición de Díaz favorable a la abstención ante la investidura de Mariano Rajoy, cuyas políticas han empobrecido a la gran clase media del país, suscitó un auténtico mazazo para su prestigio político y personal, que ha ocasionado un descrédito generalizado entre los ciudadanos. Es suficiente mirar las encuestas.

Además, y no es moco de pavo, Susana Díaz se debe enfrentar a la inmensa mayoría de la militancia, que es la que decide, y que apoyen, o no, a Pedro Sánchez, claman por la inmediata celebración de un Congreso Extraordinario y de elecciones primarias a la secretaría general. Con el agravante de que en estos días se propaga desde medios próximos a la Gestora del PSOE, en plan globo sonda, la posibilidad de que las citadas primarias no se celebren o que fuesen convenientemente cocinadas.

Pero hay más, las hemerotecas son tozudas, y repasando la prensa se puede constatar que en Andalucía convocatoria tras convocatoria electoral, el PSOE ha ido perdiendo votos paulatinamente. Da igual las elecciones, autonómicas, generales, o europeas, el PSOE de Andalucía ha seguido perdiendo votos en una sangría particular. ¿Es entonces Susana Díaz la cabeza de cartel indicada para devolver al PSOE al Gobierno de España? La respuesta parece sencilla.

En el acto de Jaén, Susana Díaz se hizo acompañar del expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, quien hasta la fecha permanecía en el ostracismo político. Mala percha la que eligió el susanismo para su presunto baño de masas (compuestas, en gran medida,  por el Gobierno andaluz en pleno, cargos públicos u orgánicos y muchos estómagos agradecidos). Zapatero estuvo brillante en su intervención, confesó que había perdido la timidez, pero no consiguió hacer olvidar su papel ante la crisis económica que le sacó del Gobierno de España, no vio venir o negó hasta el final la existencia de la crisis, ni tampoco la reforma express de la Constitución realizada para plegarse a las exigencias de Bruselas.

Acto del PSOE en Jaén.

Unos hechos que ahora vienen a cuento a raíz de la puesta en marcha de la denominada Gran Coalición entre PP y PSOE, que negocia la Gestora socialista, que incluye la reforma constitucional y que contribuye a enervar, aún más, el estado de ánimo de la militancia y votantes socialistas por la falta de legitimidad de los interlocutores del PSOE para negociar nada.

Esta simple relación de hechos pone de manifiesto el abismo existente en el seno del PSOE, entre la cruda realidad y las componendas de unos cuantos que pretenden aupar a Susana Díaz a un liderazgo que representa todo lo contrario a lo que expresa el electorado de izquierdas desde el 15M. Una lideresa hecha a la imagen y semejanza de las élites y que persigue llevar al partido de izquierdas más importante de la historia democrática de España a un limbo ideológico más cercano a las tesis socialdemócratas alemanas y griegas que a la socialdemocracia que defienden los socialistas portugueses o los laboristas británicos.

Ahora, la pregunta obligada es ¿por qué no se convoca el Congreso ya para devolver al PSOE a la normalidad democrática y al trabajo real para tratar de ganar elecciones? Pues la razón es muy simple, a Susana Díaz no le salen los números. Aquí habría que inscribir la reciente reunión secreta de los responsables de Organización de las federaciones afines al susanismo para calibrar si la sultana del sur está en condiciones de dar un paso adelante. Creo que no.

La Gran Coalición ya está en marcha

Hace un mes, cuando Mariano Rajoy se sometía a la votación de investidura como presidente del Gobierno, no hubiera soñado con que treinta días después su Gabinete podría estar sustentado por la Gran Coalición por la que había venido peleando, a lo Rajoy, desde que el 20 de diciembre del pasado año se disolvieran las Cortes tras la investidura fallida de Pedro Sánchez.

La repetición de las elecciones generales el 26-J dio paso a un nuevo escenario que ha propiciado una relación de fuerzas distintas en las que el Partido Popular (PP) necesita más que nunca del Partido Socialista (PSOE) y viceversa. Rajoy precisa de estabilidad, mantenía el domingo desde La Vanguardia el periodista Enric Juliana, ya que es su principal patrimonio ante la convulsa Europa y el PSOE necesita tiempo para reconstruirse.

De ahí que ambas formaciones hayan establecido un nuevo marco de relaciones, que es de mutua dependencia y que tiene su estrategia fijada de cara a la galería y en aras de fomentar el bipartidismo. Esta afirmación la demuestran los hechos sucedidos durante la pasada semana, cuando ambos partidos han llegado a acuerdos sobre el techo de gasto, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de sobre la LOMCE y la llamada ley Mordaza.

Unos pactos que bien mirados no son relevantes, que no suponen una rectificación de las políticas austericidas de la derechona y que más bien pueden considerarse meros balones de oxígeno a un PSOE descabezado. Cierto es que con el nuevo techo de gasto se obtienen cerca de 4.000 millones de euros para comunidades autónomas y ayuntamientos, una cifra a todas luces insuficiente, según los expertos,  ante las necesidades de los dos niveles de la administración.

La subida del SMI también se queda corta y contradice otra propuesta, más progresista, apoyada por el mismo PSOE hace días. La medida que afectará a seis millones de trabajadores no les apartará del umbral de la pobreza. En cuanto a las reválidas y la ley Mordaza, la realidad, que es tozuda, manifiesta que siguen vigentes, aunque las medidas acordadas se puedan vender como un guiño hacia el futuro.

Pero donde está el meollo de la puesta en marcha de la Gran Coalición es en el acuerdo entre populares y socialistas para proceder a la reforma de la Constitución de 1978, un tema tabú hasta la fecha, que ahora podría sumar consensos y abrir el camino a una reforma que se antoja imprescindible. Una propuesta que tendría como escenario una subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que se crearía a propuesta del PSOE.

Un camino complicado y plagado de riesgos que verbalizaba la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría cuando decía en el seno de la citada Comisión Constitucional que habría que “caminar con precaución, poquito a poco” y con “generosidad” para no abrir debates “que no sepamos cerrar”.

Este proceso además se enfrenta con otros problemas no menos importantes, como son el oscurantismo en las negociaciones entre PP y PSOE y la clara falta de legitimidad de la Comisión Gestora del PSOE para llevarlas a cabo. Precisamente, el domingo día 4, la diputada socialista Margarita Robles hacía unas declaraciones acusando al PSOE de "secretismo" y de marginar al grupo parlamentario.

Antonio Hernando y Mariano Rajoy.

En el grupo parlamentario "no tienen constancia" de las reuniones que se están produciendo con el Gobierno para llegar a acuerdos como los alcanzados durante los últimos días. "Nos estamos enterando por la prensa, no sabemos quién está tomando esas decisiones", dijo Robles, que añadió que le sorprendía ese secretismo porque al final quien tiene que votar son los diputados y me sorprende que no se cuente para nada con ellos. Existe la impresión de que tienen que dedicarse simplemente a aceptar las decisiones que se toman sin saber quién las toma".

Por otro lado, está la cuestión de la legitimidad de la Gestora y de los portavoces parlamentarios, o sin ir más lejos, de la presidenta andaluza, Susana Díaz, para negociar nada. Está claro el artículo 36.O de los Estatutos del PSOE que señala que “cuando las vacantes de la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso Extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal” lo que supone un mandato imperativo inexcusable cuya única duda es la del plazo, elemento no contemplado en la norma pero que no significa que pueda dilatarse por capricho o interés político de la gestora.

Tampoco sería desdeñable tener en cuenta el resultado del sondeo de diciembre de Metroscopia realizado para el periódico El País. El bloqueo político sentaba bien al PP. Desde las pasadas elecciones del 26-J, no solo mantenía el liderazgo sino que mejoraba su posición sondeo tras sondeo. Esa tendencia parece haberse frenado tras la formación de un nuevo Gobierno y una vez que ha comenzado a andar la nueva legislatura.

La percepción de que tendrá cierta estabilidad a pesar de un Gobierno en minoría y un Parlamento fragmentado, ha propiciado que los cuatro principales partidos estabilicen sus posiciones. El PSOE sigue tercero, detrás de Podemos, pero ambas fuerzas parecen haber alcanzado su suelo y techo respectivamente.

En definitiva, la Gran Coalición ya está en marcha.