Hay que derogar ya la ley mordaza

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como ley mordaza, acaba de cumplir tres años de su entrada en vigor. Desde su promulgación se han impuesto, nada menos, que 44.000 sanciones por faltas de respeto a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según un informe de Amnistía Internacional hecho público el pasado viernes 29 de junio, de las cerca de 19.500 multas impuestas en 2016 por la aplicación del artículo 37.4 de la ley, referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, se pasó a 20.700 multas en 2017 y a 4.361 solo durante el primer trimestre de 2018.

Según el mismo informe, la reforma del Código Penal supuso un aumento más que significativo de las condenas por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. En total, entre 2015 y 2017 se han condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal, frente a las 23 condenadas entre 2011 y 2013. Al tiempo, que se incrementa la discrecionalidad de las actuaciones policiales lo que, sin duda, provoca “indefensión ante la dificultad para oponerse a la versión policial una vez ha sido tramitada la denuncia”.

Amnistía Internacional también denuncia que la legislación todavía vigente ha producido un mayor “señalamiento, persecución y criminalización de activistas, periodistas y movimientos ciudadanos que llevan a cabo acciones de protesta de naturaleza pacífica”.

El balance de la aplicación de la ley mordaza es escandaloso.

Se puede constatar en la realidad del día a día, que tanto la ley mordaza, como la última reforma del Código Penal, están sirviendo para procesar penalmente, o sancionar por vía administrativa, a usuarios de redes sociales, artistas, raperos, activistas sociales o periodistas por expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información, reconocidos en la Constitución Española.

Todos los medios de información progresistas, se han hecho eco estos días del triste aniversario, de la consolidación del deterioro de la libertad de información, expresión, al tiempo que han clamado para que se lleve a la práctica la exigencia de Amnistía Internacional de que en el debate, que se debe abrir sin demora, sobre la reforma de la ley mordaza, se tenga en consideración la revisión en profundidad de la legislación, para eliminar aquellas disposiciones que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.

Está claro que el PSOE no puede ser tibio en esta materia, ni tampoco en la elaboración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Eliminar contenidos de internet sin pasar por el juez es CENSURA 

De otra parte, hay que tratar de garantizar que todas las personas puedan acceder a los  recursos adecuados, efectivos y rápidos, cuando por la actuación de terceros, o de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, consideren vulnerados sus derechos de reunión pacífica, expresión e información.

El cambio inesperado de Gobierno abrió una puerta a la esperanza. Aunque a decir verdad, no todos son muy optimistas al respecto. El pasado 25 de junio, a instancias del Ejecutivo, el grupo parlamentario Socialista anunciaba que había entablado conversaciones con otros grupos para poner en marcha el compromiso de Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, de llevar a cabo de forma urgente una reforma en profundidad de las materias aquí expuestas.

Al margen de las dificultades jurídicas que entraña la existencia en tramitación en el Congreso de los Diputados de dos proposiciones de ley sobre la materia, una del PSOE y otra del PNV que según fuentes de las citadas negociaciones, será la que prevalecerá, también hay que tener en cuenta la posición de Podemos, donde son partidarios de elaborar una nueva ley de seguridad ciudadana desde cero. Por otro lado, habrá que estar pendientes de la resolución de los recursos presentados, tanto por el PSOE, como otros grupos, ante el Tribunal Constitucional sobre la ley mordaza del Partido Popular.

Está más claro que el agua que en esta coyuntura el PSOE no puede ser tibio en esta delicada materia, ni tampoco en la elaboración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para mí, lego en la materia, eliminar contenidos de internet sin pasar por el juez es CENSURA.

Como bien señalaba en su cuenta de Twitter el bufet Almeida, experto en estas lides, “comprendemos que no tiene una mayoría estable, comprendemos que las vacaciones parlamentarias complican la tramitación, pero no comprenderemos que mantenga en vigor la #LeyMordaza”.

Sin libertad de expresión la democracia es imposible

Hace días que elucubro, preocupado, por la deriva que está tomando el derecho a la libertad de expresión en España, que a más de uno nos costó conseguir con sudor y lágrimas, además de unas cuantas somantas de palos a manos de los grises. Especificar, para los más jóvenes, que los policías vestían de ese color hasta 1978, todavía en el inicio de la transición democrática, para después pasar a uniformarse de color marrón, los llamados maderos y después de azul, actual vestimenta del Cuerpo Nacional de Policía.

No hace falta referirse a ningún tratado en concreto, desde la antigüedad hasta ahora, para constatar que la democracia no es posible ante la ausencia de libertad de expresión, ya que es la ciudadanía la que ejerce un contrapeso a los poderes del Estado, ya sean públicos, económicos o de otra índole. Insisto, sin libertad de expresión no hay democracia.

Pero no quiero andarme por las ramas y voy al grano. A mi juicio, el dedo en la llaga lo ponía el pasado domingo en un artículo de opinión en elplural.com el periodista José Antonio Pareja, que en un artículo titulado Dictadura, pero que parezca un accidente, ponía de relieve las aviesas intenciones del Partido Popular que intenta mantener el control del país amordazándolo. “La España que nos va a quedar se va a parecer mucho a la que intentamos enterrar hace 40 años” vaticinaba Pareja.

La libertad de expresión en España está en franco retroceso.

Y su preocupación no es minoritaria, sino de una gran mayoría de los ciudadanos que creen en el progreso y en la democracia.  La pasada semana Amnistía Internacional denunciaba los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma "desproporcionada" en 2017.

La citada ONG alertó de que en 2017 se "restringió desproporcionadamente" la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes sociales, relatan los responsables de Amnistía, que además muestran su inquietud por la autocensura a la hora de documentar actuaciones policiales y muchas personas tienen miedo a la hora de salir a la calle a protestar y reclamar sus derechos, debido a la represión.

Las denuncias de Amnistía Internacional han tenido también eco en el diario norteamericano The New Tork Times que en días pasados ha asegurado que España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión se han incrementado  en los últimos años.

Además de referirse a los nefastos efectos de la llamada ley Mordaza para la libertad de expresión el prestigioso rotativo estadounidense hace un repaso a hechos de los últimos días como el secuestro cautelar del libro Fariña, del que es autor el periodista Nacho Carretero, la retirada de ARCO de la obra de Santiago Sierra que retrataba a Junqueras y los Jordis como presos políticos y  también a la condena al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones.

The New Tork Times resalta que el actual escenario, claramente represivo, se empezó a detectar como consecuencia de las políticas e iniciativas legislativas de Mariano Rajoy, con las que, según el citado periódico, se pretendía "controlar la propagación de las protestas durante la crisis.

Razón por la que parece que volvemos a encontrarnos con una situación que ya vivimos antes, ante la cual no parece que la mejor forma de hacerla frente sea amilanándose o reculando. Los demócratas de verdad tenemos la obligación de defender todos los derechos y libertades.

Como dice José Antonio Pareja en su ya citado artículo “Lo que debemos decidir es si permitimos que sea el Gobierno, y no el poder legislativo, quien resuelva sobre estas cuestiones”. Para añadir que “cuando la libertad no es un derecho igual para todos, aparece el monstruo de la injusticia”.