La herencia Larios sigue sobre el tapete (y II)

 

En la entrega anterior ya se hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, de febrero de 2008, que colocaba a Carlos Gutiérrez Maturana Larios y Altuna (Carlos Altuna) al frente del patrimonio de la fortuna Larios heredada de su padre. Pero el proceso posterior ha estado repleto de vericuetos.

Bárbara Kalachnikoff.

Para empezar, hay que aclarar que en una carta fechada el 24 de septiembre de 2001, el marqués comunica a sus cinco hijos que es su voluntad que, a su muerte, su esposa Bárbara tenga el “uso y disfrute” de una serie de bienes, entre otros la finca de la Dehesa de Los Llanos, su casa palacio, sus servicios, muebles, colecciones artísticas, alhajas, recursos cinegéticos, jardines y explotaciones agrícolas y ganaderas; un piso en Madrid, dos casas ubicadas en Maro y Marbella (Málaga) y otra más en la Granja de San Ildefonso (Segovia).

Siguiendo el desarrollo del auténtico embrollo judicial y para que lo entiendan los legos en materia jurídica, en marzo del 2005 Bárbara Kalachnikof firmó un contrato de usufructo de la casa palacio con la empresa Dehesa de los Llanos, filial del holding Mazacruz que es propietaria de la finca, con el fin de asegurarse hasta el fin de sus días que podría seguir viviendo allí, a cambio de la cantidad de 300.000 euros. Carlos Altuna recurrió contra este usufructo vitalicio, pleito que se paralizó a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la donación que el difunto marqués había hecho a su hijo en vida.

El proceso prosiguió y en junio del 2013, el Juzgado de primera instancia número 2 de Albacete anuló dicho contrato de usufructo, aunque eso sí, reconoció a Bárbara el derecho a seguir viviendo en dicha casa palacio, donde estaba empadronada desde diciembre de 1998 y donde había vivido a lo largo de los 35 años de duración de su matrimonio con el difunto marqués de Paul. Pero un año después la Audiencia Provincial de Albacete estimó las pretensiones de Carlos Altuna, anulando la decisión del juez de primera instancia que permitía a Bárbara Kalachnikoff seguir viviendo en la finca de Los Llanos.

La viuda de Paul recurrió, a su vez, esa decisión al Tribunal Supremo, pero mientras se resolvía este nuevo pleito, Carlos Altuna pidió que se ejecutase la anulación del usufructo y, en virtud de dicha petición, el 26 de septiembre el juzgado comunicó a la viuda de Paul que tenía dos meses para abandonar la casa palacio.

Carlos Gutiérrez-Maturana Altuna.

A su vez, los abogados de Bárbara presentaron un nuevo recurso al juzgado alegando el daño que se le causaría al pretender “privar a una mujer de edad avanzada de la que ha sido su vivienda habitual durante los últimos 45 años”.

El 15 de mayo de 2015 se conocía la noticia de que el Tribunal Supremo revocaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete que obligaba a la viuda del marqués de Paul a desalojar la casa palacio de la finca de La Dehesa, por lo que podría seguir viviendo en la casa palacio hasta que muera.

El Tribunal Supremo se pronunciaba a favor de Bárbara Kalachnikof y revocaba la sentencia de la Audiencia de Albacete cuyos magistrados habían considerado nulo el contrato de usufructo vitalicio que la viuda había rubricado para poder seguir residiendo en la histórica finca.

En la información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial se detalla que el Tribunal Supremo había estimado el recurso de casación interpuesto por Bárbara Gutiérrez Marturana Kalachnikoff, viuda de Carlos Gutiérrez Maturana Larios y Príes, marqués de Paul, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, de 11 de junio de 2013, que le obligaba a abandonar la casa palacio de la finca Los Llanos, tras la anulación de la escritura pública de constitución de derecho de usufructo vitalicio sobre dicha propiedad, edificaciones y zonas anexas.

Siempre según la información citada, el 10 de marzo de 2005, Cristina Gutiérrez Maturana Larios Kalachnikoff, en representación de la sociedad Dehesa de Los Llanos, propietaria de la finca, firmó con su madre un contrato de usufructo vitalicio sobre la casa palacio por un precio de 300.000 euros, como ya se ha mencionado.

Carlos Gutiérrez Maturana Larios y Altuna presentó entonces demanda contra la mujer de su padre y Dehesa de Los Llanos, pidiendo que el contrato se declarara nulo y que la usufructuaria fuera condenada a entregar a la propietaria, la sociedad Dehesa de Los Llanos, la posesión del inmueble.

El Juzgado número dos de Albacete había declarado su nulidad al entender que el contrato se había llevado a cabo para eludir las consecuencias de los diversos procesos en trámite que enfrentaban a la viuda y al hijo del marqués por el control de las sociedades del grupo Mazacruz.

Sin embargo, permitió que Bárbara Gutiérrez Maturana siguiera viviendo en el que había sido su domicilio familiar, en vida de su marido y tras su fallecimiento, durante 35 años, en la condición de comodataria. La Audiencia Provincial de Albacete confirmó la causa de ilicitud del contrato y obligó a la demandada a abandonar la posesión de la finca.

Por el contrario, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideró que dicho contrato de usufructo vitalicio no podía ser tratado como un supuesto de autocontratación, como lo entendió la Audiencia Provincial, debido a que Bárbara Gutiérrez Maturana convino con quien representaba a Dehesa de los Llanos, de tal manera que “el negocio jurídico consensual quedó perfeccionado al ponerse de acuerdo las dos partes legitimadas”.

La circunstancia de que la viuda fuera la presidenta del consejo de administración de Dehesa de los Llanos o de que la persona que representaba a dicha sociedad en el contrato fuera una de sus hijas, según la sentencia, justificaría el tratamiento de la cuestión desde otros puntos de vista, pero no como un caso de autocontratación, termina relatando la información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial.

Pero hay más, el grupo Mazacruz, que reunió en 1994 el patrimonio de la familia Larios, quedaba disuelto el miércoles día 26 de abril de 2017 y su futuro pasaba a manos de un liquidador, el abogado Ramón Pagán, tal y como se hizo constar en el Registro Mercantil de Madrid.

Según informó entonces el abogado Bernardo Cremades, cuyo despacho se había encargado del procedimiento arbitral, el laudo que había disuelto el grupo Mazacruz fue dictado por el profesor Rafael Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona. Jiménez de Parga fue designado árbitro en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El laudo, dictado por Rafael Jiménez de Parga, acogía los argumentos del letrado Bernardo Cremades, abogado de Bárbara Kalachnikof y sus dos hijas. La resolución confirmaba el abuso de la posición de dominio ejercida por el actual marqués de Paul y ordenaba la liquidación del conglomerado empresarial y su reparto en función del porcentaje de participación accionarial de cada socio, sin votos privilegiados. Aunque los jueces avalaron el voto múltiple de Altuna y la donación del 23 por ciento del capital social, ellas lograron que los tribunales reconocieran la nulidad de la junta en la que Carlos las cesó como miembros del consejo de administración y se nombró presidente.

Sala de barricas en la bodega de la Dehesa de Los Llanos (Albacete).

En mayo de 2014, Bárbara y sus hijas habían solicitado un procedimiento de arbitraje al no prosperar su propuesta de disolución y liquidación del grupo para repartirlo en función de la participación de cada una de las partes en el capital social.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Se había pronunciado a favor de conceder el arbitraje que reclamaba la familia Kalachnikoff en el pleito sobre la fortuna Larios. Un árbitro debería valorar los activos del Grupo Mazacruz para su reparto entre ambas partes.

En el arbitraje se solicitaron dos cosas. O la disolución y liquidación del grupo Mazacruz, con lo que las empresas dejarían de existir, una opción que no deseaban las Kalachnikoff porque perjudicaría a los más de 150 trabajadores del grupo, o el derecho de separación mediante la modalidad que pasa por la obligación de una parte a comprar a la otra.

Pese a su posición de consejeras de pleno derecho, la realidad es que Altuna siguió dirigiendo el grupo empresarial según sus criterios, por lo que ellas activaron la cláusula arbitral que concluyó con el laudo a su favor.

Pero la batalla legal familiar no terminó aquí, ya que la justicia añadió un nuevo episodio al tortuoso y largo proceso que enfrenta a los herederos del marqués de Paul. En una sentencia del 8 de enero de 2018, el TSJM anulaba el laudo que liquidaba la sociedad Mazacruz, cuyo patrimonio valoró en algo más de 615 millones de euros y que, dejaba sin efecto el reparto del patrimonio de Larios.

Según la citada resolución, la Sala de lo Civil y Penal anulaba y dejaba sin efecto el laudo arbitral que en abril del año 2017 acordaba liquidar la entidad Mazacruz y repartir su valor entre quienes tenían sus participaciones.

En el preámbulo de la sentencia del TSJM se señalaba la “nulidad del laudo arbitral por violación del orden público al infringir el derecho a la tutela judicial efectiva y a la proscripción de la arbitrariedad en la motivación y en la valoración probatoria. El laudo no da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el arbitraje, no valora las pruebas en su integridad y no contiene una motivación suficiente para llegar a una conclusión tan importante como la disolución de una sociedad por una causa asimilada a la legal, el abuso del derecho por un socio minoritario”.

De esta manera, el Tribunal Superior de Madrid, estimaba la demanda formulada por Carlos Altuna y declara la nulidad del laudo arbitral impugnado. Precisamente, la decisión judicial que ahora ha quedado anulada por la sentencia del Tribunal Constitucional hecha pública en febrero de 2021.

También es necesario poner de relieve que el reparto del patrimonio no llegó a ejecutarse debido a la presentación de recurso sobre el laudo citado. Desde entonces Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna figura como administrador único de la Sociedad Azucarera Larios S.L, que como sociedad holding, da nombre al grupo empresarial y su actividad se centra en prestar servicios de asesoramiento al resto de las empresas del Grupo Sociedad Azucarera Larios. Un grupo que está compuesto por las sociedades Sociedad Azucarera Larios, S.L., Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria, S.L., Sociedad Azucarera Larios Patrimonio, S.L. y Salsa Agrícola, S.L.

Pero el largo calvario judicial familiar no había puesto aún su punto y final. Estaba pendiente el montante hereditario a repartir. Como ya se ha escrito aquí Carlos Altuna logró que el Tribunal Supremo le reconociese la donación de 135.252 participaciones en Mazacruz que su padre le firmó en vida. En 2014 los magistrados de la Audiencia Provincial de Albacete se reúnen para dirimir si esa donación en vida computaba a la hora de calcular el legado a repartir y si podía entenderse que Carlos Altuna habría cobrado ya su legítima con esta donación valorada en 77 millones de euros, cantidad superior a la que le correspondía en herencia, que estaría entre los 20 y los 24 millones de euros.

Estaba en juego toda la fortuna inmobiliaria repartida entre Albacete, Málaga y Madrid, incluida la finca de Los Llanos. El 28 de enero de 2015 la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Albacete emitió un veredicto que volvía a favorecer a Carlos Altuna, por lo que la familia Kalachnikof presenta ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo un nuevo recurso, que esta vez les concede, al menos en parte, la razón, ya que zanja el conflicto sucesorio y soluciona el reparto del patrimonio.

La Sala de lo Civil del Supremo se reúne en pleno utilizando una fórmula extraordinaria, se trata de un conjunto de 10 magistrados, el 20 de julio de 2018, para dictar la sentencia 473/2018, que consta de 17 folios, sobre el recurso de casación 3560/2015. El tribunal dictamina que la donación hecha en vida a Carlos Gutiérrez-Maturana Altuna, el 27 por ciento de la sociedad Mazacruz, debe ser incluida en el cálculo del reparto de toda la herencia.

La cuestión que en realidad dirimía el Tribunal Supremo estaba en si debía ser tenida en cuenta, o no, en el cálculo de la legítima, la donación. Es decir, en lenguaje jurídico, se trataba de dar validez a la donación, y decidir si la misma era colacionable o no. Una decisión que podría zanjar, según las fuentes consultadas, el conflicto sucesorio y hacer decaer los procedimientos ejecutivos que Carlos Altuna había interpuesto para que las Kalachnikoff le pagaran el dinero de la legítima.

Aunque en realidad la disputa entre los herederos de la fortuna Larios parece que no ha puesto el punto y final y que el futuro del importante emporio empresarial sigue en el aire, al menos la composición de sus órganos de administración y la propiedad accionarial de cada una de las partes. La Justicia volverá a tener la palabra.

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La herencia Larios sigue sobre el tapete (I)

 

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) hecha publica el pasado jueves (ver sentencia) no parece que vaya a poner el punto y final a las dos décadas de pleitos que enfrentan a los herederos de una parte de la familia Larios, por una herencia integrada por la empresa matriz Mazacruz, con un patrimonio estimado en más de 600 millones de euros, que incluye además la propiedad de la joya de la corona, la Finca de la Dehesa de los Llanos (Albacete) y, sobre todo la compañía Sociedad Azucarera Larios, S.L.(SALSA), que agrupa a otro importante grupo empresarial, presidido, como Mazacruz, por Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna, (Carlos Antuna) actual marqués de Paul, quien podría ver en el aire sus cargos.

Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna.

La larga trayectoria judicial también incluye el pleito en reclamación de filiación extramatrimonial respecto de José Antonio Larios Franco, IV marqués de Larios, impulsado por su presunto hijo, José Collado López, de más de 70 años, que obtuvo una sentencia desfavorable en marzo de 2012, pero que sería su heredero legítimo según todas las investigaciones. Un procedimiento judicial que dio la vuelta al mundo, por el singular papel de su protagonista ‘Pepe el trompeta’ que siguió empeñado en reclamar sus derechos hasta que hace muy pocos meses desapareció del mapa, como si se le hubiera tragado la tierra. La investigación sospecha, por distintas razones, que alguna mano negra ha comprado su silencio.

Es en 1994 cuando se decide aglutinar todo el patrimonio familiar de la herencia de los Larios en la citada sociedad Mazacruz S.L., a la que los miembros de la familia aportaron todo el patrimonio, incluida la fortuna de la madre de Carlos G. Maturana Larios y Príes, viuda del IV marqués de Larios. Un proceso legal en el que desempeña un papel importante la consultora Price Waterhouse. Estamos en diciembre de 1994 y sólo unos días después Carlos Altuna ya aparece registrado con poderes en la sociedad.

El 8 de noviembre de 1996 con, presuntamente, el consentimiento del VII marqués de Paul se lleva a cabo una modificación estatutaria que reforma el consejo de administración de Mazacruz, que de estar compuesto por tres miembros –los marqueses de Paul y Carlos Altuna– pasa a constar de un máximo de cinco, de los cuales dos deberán ser necesariamente expertos en materia fiscal, legal o económica. El 21 de marzo de 1997 se había integrado en el citado órgano de dirección a José Luis Beotas López y a Félix Gálvez, ambos procedentes de la consultora Price Waterhouse.

Para tratar de aclarar el escenario de este periodo de tiempo, hay que remontarse a junio de 2001, cuando Carlos G. Maturana Larios y Príes decide apartar a su primogénito de la familia y de la dirección de sus empresas, episodio en el que le asesoraron dos reconocidos abogados, Matías Cortés y Ramón Hermosilla. A lo largo de 2002, Carlos Altuna fue apartado de la familia.

Carlos G. Maturana Larios y Príes muere en 2004 y la viuda del difunto, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikof y sus hijas pasaron a controlar SALSA e integrar el consejo de administración de Mazacruz, para respetar así la voluntad del marqués, expresada en su testamento, mientras se dirimía la batalla legal en los juzgados.

En el citado testamento, el difunto marqués benefició a sus hijas Cristina y Bárbara, entregándoles el tercio de mejora, además de la parte de la legítima que les correspondía. A sus dos hijos varones, Carlos y José Antonio, se limitó a entregarles la estricta legítima legal, pero dejó establecido que se les diera en metálico en aras a la paz familiar. Según este último testamento, Bárbara madre tenía el 23,6 por ciento del capital social, sus dos hijas el 49,18 por ciento y Carlos Altuna el 27,46 por ciento.

El día 14 de octubre de 2010, casi 6 años después de la muerte del VII marqués de Paul, Mazacruz celebró una más que polémica Junta de Socios. A la que asistieron los cuatro accionistas que se repartían el 100 por ciento del capital, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna; su madrastra, Bárbara Kalachnikof , y sus dos hermanastras Cristina y Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios Kalachnikof .

En la Junta General saltó la sorpresa, ya que, contraviniendo la última voluntad de su padre, Carlos Altuna propone cesar a las hasta entonces integrantes del consejo y nombrar uno nuevo formado por él y dos nuevos miembros.

El paso siguiente era intentar inscribir ese presunto falso acuerdo en el Registro Mercantil, cuando el 72,54 por ciento del capital social había votado en contra de la propuesta, mientras el 27,46 por ciento a favor. El notario, presente en la Junta, dio fe del resultado de la votación y del rechazo del acuerdo, lo que quedó reflejado en el acta correspondiente. La presidenta de la Junta General declaró, en consecuencia, no adoptado el acuerdo.

Sin embargo, Carlos Altuna y los nuevos socios procedieron a elaborar presuntamente un documento ad hoc que elevaron a público ante un notario de su confianza, convirtiéndose en los nuevos integrantes del consejo de administración de Mazacruz, S.L.

De hecho en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 25 de febrero de 2011 aparecen reflejados los siguientes nombramientos, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna, presidente y consejero-delegado; José Antonio Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna y Gonzalo de Montis Kramer, consejeros, y Joaquín González Fernández, como secretario.

Carlos Altuna intenta inscribir ese presunto falso acuerdo en el Registro Mercantil y asegura que con la escritura pública del documento por él creado, junto al acta notarial donde claramente se especificaba que el acuerdo había sido rechazado, fue presentada a inscripción ante el registrador Francisco Javier Navia-Osorio García-Braga, quien se negó en redondo a inscribir tal pretensión por imposible. Por razones desconocidas el citado notario cambió de opinión y decidió inscribir el acuerdo. Un acuerdo que se mantiene a pesar de las reclamaciones de todo tipo realizadas por las Kalachnikof.

El 24 de junio de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid dictó una sentencia en la que se dictaminó que en la Junta General del 14 de octubre de 2010 jamás se adoptó el acuerdo de cese del consejo de administración. El resultado de dicha sentencia es que Bárbara Kalachnikof y sus hijas Cristina y Bárbara seguirían siendo consejeras de pleno derecho de Mazacruz, aunque Carlos Altuna se niega a acatar la sentencia y mantiene al margen a las tres mujeres en la toma de cualquier decisión que afecte a la gestión del grupo.

El conflicto estaba cantado. Las tres mujeres citadas presentaron el 24 de octubre de 2014 un escrito al Registro Mercantil pidiendo la anulación de la inscripción registral que las mantenía por cesadas en sus cargos, ello como una mera cuestión de acatamiento de la sentencia judicial mencionada. Pero como las sorpresas no terminan nunca cuando de la fortuna Larios se trata, resulta que la decisión sobre dicho escrito correspondió de nuevo al registrador Navia-Osorio García-Braga.

Volviendo al inicio de las polémicas familiares, hay que resaltar que es en el año 2000, con evidentes señales de que el corazón del VII marqués de Paul empezaba a debilitarse cuando su hijo le pone a la firma, como se explica más adelante, el documento para la cesión de los derechos sobre el 23 por ciento de las participaciones en el grupo empresarial familiar, que suscribe Carlos G. Maturana Larios y Príes. Una firma que centraría el litigio sobre si esa rúbrica se realizó de forma consciente y en plenitud de facultades.

El año 2000 es clave para entender todo el proceso posterior. Es entonces cuando el marqués sufre una crisis cardíaca y es internado en el hospital Ruber Internacional, de Madrid, donde se decide estabilizar al enfermo y prepararlo para un urgente traslado a Houston, donde sería operado a vida o muerte. Según las fuentes consultadas, es entonces cuando el hijo, Carlos Altuna, aprovecha la situación extrema del padre para pasarle a la firma, en la habitación hospitalaria, tres documentos decisivos.

Según las mismas fuentes, en el primero, el marqués modifica los estatutos de Mazacruz, de forma que el paquete de acciones, de la número 1 a la 135.252 pasan a valer, cada una, cinco votos. Este paquete, como figura en el segundo documento, es donado por el marqués a su hijo Carlos. Con lo cual, Carlos Altuna pasa a tener más del 61 por ciento de los votos ante la Junta General de Accionistas. Y, por tanto, la mayoría del grupo para imponer su única voluntad. El tercer documento firmado asegura que cualquier propiedad pasada, presente o futura del marqués sea donada a la sociedad Mazacruz.

Después de tener los documentos firmados consigue que sean ratificados por la esposa del marqués y por sus dos hijas. La rúbrica se realiza sobre el capó del vehículo que las iba a trasladar al aeropuerto de Barajas junto al entonces marqués de Paul. Pero contra todo pronóstico, el marqués sobrevive a la operación y vuelve de Houston con ganas de recuperar el poder. Enterado de lo que firmó, encarga una auditoría y descubre la deteriorada situación económica, en ese momento, del grupo Mazacruz., que luego sería enderezaba por el nombramiento de Juan López Cohard como consejero-delegado.

El marqués de Paul intenta entonces, en un primer momento, la vía de la negociación y oferta a su hijo una pensión vitalicia de dos millones de pesetas mensuales. Carlos Altuna rechaza el acuerdo y responde presentando una demanda exigiendo el cumplimiento de los cambios accionariales firmados por el marqués en la cama del hospital. Carlos G. Maturana Larios y Príes, ante la obstinación de su hijo, presenta a su vez una querella criminal por estafa contra sus dos hijos varones y contra Coro Morales, presunta cómplice para ocultar la donación y escamotear el acta de la Junta celebrada sobre el capó del vehículo el 30 de mayo de 2000.

Dehesa de Los Llanos (Albacete)

Según las fuentes consultadas, las hojas que acreditaban aquella inusual Junta General desaparecieron del libro de actas de Mazacruz. Coro Morales Asúa, entonces secretaria del consejo de administración de la sociedad, a quien Carlos Altuna entregó los documentos, dejó constancia de que el acta se había deteriorado y había tenido que quitarla del libro. El VII marqués de Paul muere en mayo de 2004.

Un año después, 2005, la demanda que presentó Carlos G. Maturana Larios y Príes contra su hijo es sobreseída y, en cambio, el hijo gana la que interpuso contra su padre. Así se consagra como tenedor de la mayoría de las acciones del grupo Mazacruz. En febrero de 2008, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete falló a favor del actual marqués de Paul.

La sentencia número 23/2008 de 12 de febrero, daba "validez y eficacia" a la donación hecha por Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Príes a su hijo a través del documento firmado en mayo de 2000 en el que se le cedían las participaciones número 1 a la 135.252 de la sociedad Mazacruz, La resolución también daba validez a la declaración de Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna como socio de la empresa y reconocía su derecho a “recibir los frutos, rendimientos y utilidades” en condición de socio y los dividendos “y parte correspondiente de las restituciones de aportaciones derivadas de acuerdos sociales de reducción de capital llevadas a cabo hasta el 16 de diciembre del 2003 (desde el 18 de diciembre del 2002) por importe de 1.056.785,76 euros”.

El tribunal también consideró probado que el anterior marqués dio estas participaciones de forma consciente "y así lo reconoció en su testamento", aunque la sentencia admite que pudo existir un arrepentimiento posterior, “ineficaz para hacerla inexistente (esta donación), puesto que vía testamento la reconoce aunque pretende su efecto colacionable” y recuerda que “jamás fue impugnada y sí ratificada vía testamento”.

También condenaba a la sociedad Mazacruz y a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikof y sus hijas al pago de las costas procesales causadas. De esta forma, casi tres años después, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna regresaba a dirigir una empresa en la que ya fue parte activa.

Concretamente, el 17 de febrero de 2011 se convertía en el nuevo presidente de Sociedad Azucarera Larios (Salsa) y sustituía en el cargo a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikof.

El 25 de febrero de ese mismo año, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicaba los ceses y revocaciones de poderes, así, como ya se ha señalado, los nuevos nombramientos del consejo de administración de las sociedades Dehesa de Los Llanos y Conservación Mobiliaria, afectando la renovación a todos los cargos de confianza. El 28 de enero de 2011, se había producido el mismo hecho respecto a Mazacruz.

Añadir aquí el testimonio de distintas fuentes periodísticas que no han dudado en resaltar el papel decisivo que en todo el entramado judicial en el que se vieron inmersas, tanto la viuda como las hijas del marqués de Paul, tuvo la jurisdicción de Albacete, con participación especial de algunos magistrados, como el juez Juan Manuel Sánchez Purificación.

Aunque no fue el único que tuvo una particular intervención. Otro magistrado con gran protagonismo fue Vicente Manuel Rouco Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobrino del cardenal Rouco Varela, ex presidente de la Conferencia Episcopal. Este magistrado era buen amigo, al parecer, de María Dolores de Cospedal, ex ministra de Defensa. Una ex dirigente nacional del Partido Popular que también ha mantenido una estrecha relación con Carlos Altuna.

También son dignas de mención las amistades bien situadas de Carlos Altuna, gracias en parte a la cobertura que le había dado actuar como dueño de facto de Mazacruz. Entre ellos el rey emérito, Juan Carlos I, quien por cierto, intentó poner paz en 2009 en la guerra fratricida de los herederos del marqués de Paul.

El rey emérito pidió a Alberto Ruiz Gallardón, que ocupaba la alcaldía de Madrid, y que luego sería ministro de Justicia de Mariano Rajoy, que mediara en el entuerto. El encuentro acabó en un estrepitoso fracaso, hasta el punto de que Carlos Altuna prohibió a la viuda de su padre acceder a la finca de La Dehesa de los Llanos. Más aún, intentó desalojarla de la casa palacio pese a que allí está enterrada su hija mayor, Alejandra, fallecida en el año 2002 cuando aún vivía su padre, el malogrado VII marqués de Paul.

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