Radiografía del Opus Dei

 

RAMÓN TRIVIÑO

En diciembre de 2019 publiqué una serie de tres artículos bajo el título ‘Los trapos sucios del Opus Dei’ en los que analizaba cómo funciona una de las organizaciones religiosas más cerradas del mundo, con mayor representación en las élites de poder y con más de 90.000 adeptos; así como los aspectos más oscuros de la Obra, su financiación, que sigue siendo territorio opaco; y la relación de la organización con el poder político en España. Ha llovido desde entonces pero la prelatura ultraconservadora de la Iglesia Católica, que en los últimos años ha vivido sus peores momentos, trata ahora de volver a sacar cabeza. La reforma de la Curia Romana (Praedicate Evangelium) eliminó el privilegio único del Opus Dei de ser gobernado por un prelado a la cabeza de una prelatura personal.

Torreciudad.

El 22 de julio de 2022, el fallecido Papa Francisco emitió Ad charisma tuendum, un Motu proprio para la Prelatura del Opus Dei, que literalmente significa “salvaguardar el carisma”. En un documento, surgido 40 años después de la Constitución Apostólica Ut sit, con la que Juan Pablo II erigió la Prelatura del Opus Dei, se introducían algunas modificaciones. En junio de 2025 la prelatura entregó formalmente al Vaticano los nuevos Estatutos, fruto de un proceso de tres años de revisión que buscaba adaptarse a las nuevas normas. Ahora están pendientes de la aprobación papal, lo que marca una nueva etapa de definición canónica del Opus Dei. El nuevo Papa, León XIV, quien ha retomado el impulso reformador, ha exigido a los responsables que cumplan con lo que quedó pendiente durante el anterior pontificado, por lo que la prelatura continúa reportando anualmente ante el Dicasterio del Clero y su relación con la Santa Sede sigue más vigilada y regulada.

De hecho, las relaciones del Opus con el Vaticano siguen en tensión, por ejemplo, el pasado 3 de julio el prelado de la organización, Fernando Ocáriz, no tuvo empacho en pedir públicamente en Madrid más libertad para el trabajo de los miembros a pesar de que exista una acusación formal contra Mario Fazio, ex vicario auxiliar, de formar parte de un sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral, que funcionó durante más de 40 años, al tiempo que siguen saliendo a la luz testimonios de ex miembros que acusan a la organización de reclutar adolescentes, imponer prácticas estrictas de mortificación y mantener una cultura de secretismo.

También están al orden del día las disputas territoriales y en materia educativa. En Aragón, el santuario de Torreciudad, ligado al Opus Dei desde hace 50 años, es objeto de enfrentamiento con la diócesis de Barbastro-Monzón que ha pedido que pase a ser santuario internacional. El Vaticano nombró un comisario en 2024, pero el conflicto aún no se ha resuelto. Por otro lado, en Cataluña, dos colegios vinculados a la Obra, La Farga y La Vall, han decidido renunciar a la financiación pública y ser privados para mantener la separación por sexos, lo que ha generado rechazo por parte de unas 70 familias que han iniciado recogida de firmas.

También se están estudiando informes sobre el posible cierre del seminario internacional Cavabianca (Roma) y cambios en la formación hacia una integración diocesana, alineado con la nueva estructuración jurídica. De confirmarse, reflejaría un giro importante en la forma de preparar nuevos sacerdotes.

Aunque no se puede calificar legal ni académicamente al Opus Dei como una organización mafiosa, ya que no existen pruebas suficientes ni una base jurídica para sostener esa afirmación en general, sin embargo, algunos comportamientos concretos y ciertas dinámicas internas,como el secretismo, la obediencia extrema, los privilegios y los abusos documentados, pueden recordar a estructuras cerradas y autoritarias, lo que genera críticas y desconfianza pública.

Los trapos sucios del Opus Dei

Los trapos sucios del Opus Dei (II) 

Los trapos sucios del Opus Dei (y III)

La única receta para salvar la democracia

Sin duda vivimos tiempos convulsos en el actual escenario político que presagian cambios profundos en el sistema democrático de España. Ahora, se antoja necesario realizar un análisis de situación en vísperas de la conmemoración del séptimo aniversario de la revolución que supuso la eclosión del 15-M, aunque otras plumas prestigiosas, como la del periodista Arsenio Escolar, en su artículo "Un balance agridulce del 15-M, siete años después” ya se han ocupado en días precedentes de estudiar la citada efemérides.

Los lectores permitirán que me ponga en el papel que interpretó el genial Paco Martínez Soria en la célebre cinta de José Luis Sáenz de Heredia, Don Erre que erre, y siga en el empeño de postular la idea de que la única receta para salvar la democracia, de su lamentable y actual declive, es que se produzcan una serie de hechos que abran la vía para los cambios que la gran mayoría de los ciudadanos vienen demandando.

Receta.

La primera premisa para conseguir el objetivo enunciado es conseguir la unidad de toda la izquierda. En caso contrario, la posibilidad de derrotar a la derecha en las próximas elecciones generales se antoja harto complicada. Sé que algunos dirigentes políticos y bastantes más ciudadanos apuestan por esa fórmula. El problema es que en las cúpulas de las fuerzas políticas creen que esa unidad debe producirse a posteriori de los comicios.

A mi juicio un grave error. La izquierda debería tener la capacidad de pactar un programa de mínimos que garantizase el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Lo contrario volvería a llevar a las peleas a las que nos tienen acostumbrados y a la falta de generosidad que suelen demostrar.

En ese pacto de mínimos debería incluirse la imprescindible reforma de la Constitución que garantice para siempre derechos y libertades y que constituye el segundo elemento de la receta básica para tratar de salvar la democracia, tocada en su línea de flotación por las políticas ultraliberales y neoconservadoras de la derecha.

Una oportunidad histórica para resolver al tiempo, entre otras, la llamada cuestión catalana, es decir la estructura federal del Estado, que a la citada derecha nunca le ha interesado afrontar y que tanto daño ha hecho al conjunto de derechos y libertades, sobre todo por su utilización, como cortina de humo, para intentar manipular la realidad de una sociedad que sigue viviendo sumida en la crisis y, buena parte de ella, en umbrales cercanos a la pobreza.

El tercer ingrediente de la receta que promuevo es la necesidad de impulsar el activismo político, en todos los órdenes de la vida social, como mecanismo necesario para, de una parte, concienciar al conjunto de la sociedad de sus propios derechos y de otra, aunque no guste en los sanedrines de las fuerzas políticas, como forma idónea de que la ciudadanía haga oír su voz de forma clara y directa, en defensa de los intereses colectivos, en muchas ocasiones ajenos a los de uno u otro partido.

El activismo, en todas sus dimensiones, no pretende sustituir la democracia parlamentaria, sino más bien reforzarla, como lo demuestran  en los países más avanzados y con regímenes con estructuras bien diferentes. Ejemplos claros los encontramos en los Estados Unidos de América o en las modélicas democracias del norte de Europa.

Creo que ha llegado el momento de poner, de verdad, el punto y final al período de la llamada transición democrática. Y no porque no fuera una época de modernización y progreso, que a mi juicio lo fue, sino porque los tiempos y las circunstancias han cambiado, junto a las necesidades de los ciudadanos, que verán, que si no se acometen las profundas y necesarias reformas, como van desapareciendo los derechos y libertades que a los más mayores nos costó sangre, sudor y lágrimas conquistar para todos.

La izquierda que España necesita

Habría que haber tenido mucha imaginación para, hace tan solo unas cuantas semanas, dibujar el escenario político que hoy ofrece España. La realidad es que los ciudadanos españoles asisten a un espectáculo con un final que presenta una buena dosis de incertidumbre y grandes cantidades de preocupación.

Circulan muchas tesis sobre la mano que prendió la mecha que provocó el estallido de la llamada cuestión catalana. Un asunto que se abordará en estas líneas sólo para decir que la gravísima secesión planteada, no ha sido una aparición mariana, sino el resultado de un proceso de envenenamiento provocado, en gran medida, por la inacción e buena parte de las fuerzas políticas y, especialmente por interés del Partido Popular (PP) de utilizar, de forma reiterada, este asunto como arma electoralista. No hace falta recordar su actuación frente al vigente Estatuto. Y tampoco olvidar que  los hechos citados han puesto en solfa los derechos democráticos esenciales de todos los españoles.

Es el escenario descrito el que ha conseguido tapar los problemas que, según los sondeos más preocupan a los ciudadanos. Empezando por el desempleo, la precariedad laboral, la corrupción generalizada, o las políticas antisociales de la derechona, que han desembocado en los asfixiantes recortes en los derechos y libertades de la gran mayoría. La situación actual también ha puesto en evidencia otra grave consecuencia, un nuevo episodio de la división de la izquierda.

Pedro Sánchez ha demostrado su capacidad de liderazgo en la izquierda.

Es aquí donde hay que retroceder un poco en el tiempo para observar el modélico proceso de regeneración interna que vivió el Partido Socialista (PSOE), con un ejemplar proceso participativo por parte de la militancia y de los simpatizantes, basado en las elecciones primarias, que desembocó en el regreso al poder de Pedro Sánchez, como secretario general de los socialistas.

Un regreso, que se produjo, junto a un proyecto político que contiene, de forma clara y concisa,  todos los ingredientes precisos, para demostrar que la nueva socialdemocracia, que lidera Sánchez, es la única alternativa visible al modelo corrupto y degenerativo del propio sistema democrático que encarna la derecha.

Este argumento se basa en el hecho que señala, a fecha de hoy, la última encuesta conocida. El PSOE se encuentra ya a menos de tres puntos del PP en intención de voto. Por lo que se hace más evidente todavía que el Partido Socialista es la única alternativa clara a las políticas de los populares, apoyadas en Ciudadanos, organización de la que se puede decir que su mayor virtud se encuentra en mirar para otra parte.

Una muestra del liderazgo del PSOE se encuentra en la propuesta que demuestra su voluntad regeneradora y modernizadora de España. La creación, ya en marcha, de la Comisión para la Modernización del Estado Autonómico, que respetando los logros indudables del que algunos llaman el proceso del 78, que sin duda alcanzó las mayores cuotas de progreso y bienestar de la reciente Historia española, debe desembocar en la reforma de la Constitución.

Una reforma que precisará de un amplio consenso parlamentario y que, por supuesto, también deberá  lograr el apoyo de las fuerzas de la izquierda española, como es el caso de Podemos. Quizá, las fechas que vivimos, inmersos en la campaña electoral del 21-D, no son las más propicias para lograr los acuerdos necesarios. Habrá que esperar hasta que finalicen las autonómicas en Catalunya. Pero teniendo claro que la regeneración democrática y de la modernización de la estructura del Estado no admite más demoras.

En este sentido, hay que recordar las recientes palabras del secretario general del PSC, Miquel Iceta, cuando ha dicho que "estamos en tiempo de suma y no de exclusión, sectarismo y división". Esos son los mimbres que hacen falta para construir la izquierda que España necesita hoy más que nunca.

Reformar la Constitución, objetivo prioritario

Envueltos en el fragor de la batalla de la llamada cuestión catalana, la mayor crisis política en España desde los golpes de Estado que derribaron la República en 1936 y el que intentó terminar con la joven democracia española el 23-F de 1981, se abre paso la imprescindible reforma de la Constitución Española del 78, un camino difícil, pero no imposible, debido a la necesidad de encontrar mayorías cualificadas en el Parlamento, que exigen amplios consensos, como determina el Título X de la vigente Carta Magna.

Como ha dicho con claridad la jueza Victoria Rosell "no hay ningún artículo de la Constitución que no se pueda modificar por los cauces legales". Esta afirmación, en la que parecen coincidir la mayoría de las fuerzas políticas y, sobre todo, la mayor parte de los ciudadanos, hace más que recomendable no dejar pasar la oportunidad de acometer ahora, cuando se van a cumplir 39 años de su entrada en vigor el proceso de una profunda reforma.

La mayoría cree necesaria la reforma constitucional.

Pero una reforma para modernizarla, para clarificarla, para resolver la cuestión territorial y, sobre todo, para salvaguardar y reforzar los derechos esenciales de los ciudadanos, y no para resolver las necesidades de las fuerzas políticas o de sus privilegios.

En este sentido, hay que valorar la iniciativa del Partido Socialista (PSOE), una de las fuerzas esenciales en impulsar y desarrollar la Constitución vigente, que mostraba su alegría de que por fin se haya entendido que la España de 2017 no es la España de 1978, “y un nuevo tiempo, necesita una nueva Constitución”.

El pasado 11 de octubre, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunciaba un acuerdo con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, para iniciar la reforma de la Constitución, en el seno del Congreso de los Diputados. Sánchez conseguía que a cambio del apoyo a la aplicación del 151 en Catalunya, Rajoy aceptara abrir la reforma constitucional en un plazo de seis meses, cuando concluyan los trabajos de la comisión de estudio del modelo territorial que han impulsado los socialistas en el Congreso.

Se abría así un horizonte de esperanza al conseguir que la reforma de la Constitución, dejara de ser materia tabú o inalcanzable, sobre todo debido a la necesidad de los amplios consensos ya explicados. En este sentido, Pedro Sánchez dirigía, el 13 de octubre, una carta a la militancia del PSOE en la que aseguraba que su partido va a buscar espacios de entendimiento, “para la construcción de un nuevo Pacto Constitucional del que se sienta partícipe el conjunto de la sociedad española, y muy especialmente nuestros jóvenes”.

Con esta importante iniciativa se abre una oportunidad histórica, demandada por la gran mayoría, con la que se trata de buscar, sobre todo, un pacto intergeneracional. Dejando al margen, pero no de lado, la crisis de Catalunya, se plantea hacer frente a los nuevos/viejos desafíos, como el fortalecimiento de los derechos y libertades; la adecuación de la articulación con Europa, el refuerzo del Estado Social para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, la mejor calidad democrática o la regeneración de la vida política y de las instituciones.

Ahora queda luchar para que las palabras no se las lleve el viento y para que los intereses partidistas y electorales, no emborronen la senda que conduce a la necesaria y anhelada reforma de la ya vieja Constitución Española, que quieran algunos, o no, ha deparado los mayores logros de la Historia más reciente.